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Ecologistas en Acción ha interpuesto una denuncia por prevaricación y malversación de caudales públicos contra el Ministerio de Medio Ambiente por una conducción de abastecimiento a Baza (Granada) desde el embalse del Portillo, que han sido declarada de emergencia por 10,5 millones de euros.

En la denuncia, se solicita a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que investigue las obras que, según esta organización, podrían además suponer un delito contra los recursos naturales y contra la ordenación del territorio.

Los ecologistas, que responsabilizan de los hechos a la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, y al funcionario que haya decidido declarar de emergencia los trabajos, advierten de que el trasvase se pretende llevar a cabo "con total ausencia del obligado control de sus consecuencias medioambientales".

Han señalado que las obras pondrían en peligro bienes y recursos ambientales, a pesar de que en la comarca granadina de Baza no se da ninguna de las situaciones que se consideran necesarias para la tramitación de obras de emergencia, al no existir problemas de abastecimiento de agua potable.

Al respecto, consideran que se ha procedido a acordar una obra calificada de emergencia, con fraudulento amparo en una ley y con la finalidad de obviar la preceptiva Evaluación de Impacto Ambiental y la exigible participación pública en la toma de una decisión medioambiental, especialmente protegida a través de distintas herramientas legales.

Ecologistas en Acción ha denunciado que pretender trasvasar agua a la ciudad de Baza desde muchos kilómetros de distancia con un coste económico y ambiental "considerable", supone un ""despilfarro" de dinero público que habrá de justificarse, sobre todo cuando existen acuíferos suficientes junto a la propia localidad.

Las obras básicas de conexión de Baza con el embalse del Portillo, requieren, entre otras infraestructuras, una conducción de unos 25 kilómetros desde la toma existente en el pantano hasta una estación de bombeo, y otra conducción desde otra estación de bombeo hasta el municipio granadino, de unos once kilómetros de longitud.

La organización ecologista informa además de que detraer la cantidad de agua que se pretende, 7 hectómetros anales, del cauce del río Castril, objeto principal del proyecto aprobado, supondría un significativo daño ambiental a un ecosistema de gran valor y con especies estrictamente protegidas.

Se está procediendo además a la instalación de una tubería a lo largo de las vegas del referido río, lo que supone, a su juicio, la destrucción de fértiles tierras que son la fuente de vida de los habitantes de la zona.

En este sentido, Práxedes Torrecillas (PSA), teniente de alcalde de Cortes de Baza -por donde transcurre el río-, manifestó ayer en rueda de prensa que estas actuaciones implicarían la desaparición de su pueblo, cuya economía está ligada a la agricultura de la vega y donde empezaba a repuntar el sector turístico de interior.