Noticias Ya.com

El Pleno del Ayuntamiento aprobó ayer por unanimidad el borrador del convenio que deberán firmar Adif (que representa los intereses de Renfe), la Junta y el Ayuntamiento para el desarrollo de la plaza de Sevilla. Sin embargo, a pesar de que el Grupo Socialista votó a favor, trató de introducir una enmienda en el texto por el que se dejaba la responsabilidad de tirar o no el edificio de la Aduana al Ayuntamiento.

La enmienda, que fue finalmente rechazada con los votos del PP e IU, pedía que se cambiara un párrafo de la estipulación cuarta. En concreto, el PSOE solicitaba cambiar la frase que dice: "El Ayuntamiento acometerá las acciones necesarias para el desalojo del edificio de Aduana para posibilitar su demolición" por lo siguiente: "Acometer las acciones necesarias para el desalojo del edificio de Aduanas si se produce su sustitución".

A propósito de ello, la propia alcaldesa, Teófila Martínez, acusó a los socialistas de intentar hacer un Ayuntamiento paralelo y reveló que la consejera "había amenazado" al Ayuntamiento con no firmar el convenio si no se dejaba la puerta abierta al indulto al edificio. La primera edil gaditana dijo no tener pruebas escritas de esta amenaza, pero señaló que la consejera se lo había transmitido a través de "terceras personas" que se lo habrían comunicado a su asesor de Urbanismo, Ernesto Martínez. Esa tercera persona es el delegado de Obras Públicas, Pablo Lorenzo, que tras el Pleno negó haber dado ese mensaje a la alcaldesa.

Lorenzo explicó que la moción para dejar la decisión del derribo de la Aduana al Ayuntamiento hay que leerla "en clave positiva". El delegado de Obras Públicas, además, insistió en que la Junta no ha querido meterse en los elementos que debe haber en esa plaza. "Nosotros sólo entramos en ese convenio para darle viabilidad urbanística y eliminar unas viviendas que no iban en el sitio adecuado y para que se incluyera la estación de autobuses, pero no entramos a ordenar cómo se va a llevar esa operación", sostuvo. Al igual que el portavoz socialista, Rafael Román, Pablo Lorenzo recalcó que no se trataba de una "modificación sustancial" y que sólo se presentó porque "hay un movimiento ciudadano evidente que está pidiendo que el edificio no se eche abajo". "Nosotros no hemos dicho que se tire o que se deje en pie", recalcó.

La alcaldesa se mostró muy preocupada porque esto suponga un nuevo retraso para el desarrollo de una zona que se considera clave con vistas a 2012. Al mismo tiempo, relacionó esta propuesta con el anunció hecho público de la marcha de la consejera después de las elecciones. "Me parece gravísimo", manifestó Martínez, para quien esta propuesta es "de conveniencia política" y para "lavarse las manos, dos meses antes de las elecciones, en el asunto del derribo".