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Dos casos concretos que han pasado por las manos de Ausbanc son fiel reflejo del modo con el que actúan los piratas informáticos y las consecuencias de sus acciones. El primero de ellos es el de una persona que mantenía abierta su cuenta corriente con el Banco Santander Central Hispano (SCH), cuenta donde tenía domiciliado el cargo de su tarjeta de débito. En abril de 2006 tenía un saldo superior a 2.000 euros y en poco más de 24 horas, se convirtió en "números rojos" por importe cercano a otros 2.000. Le sacaron de su cuenta más de 4.000 euros sin que mediara su autorización. En total, fueron 29 operaciones, que bajo el concepto de "pago de recibo número...", aparecen distintas compañías de telefonía con cargos en la cuenta. Según la información transmitida por el banco, estas operaciones se realizaron en un mismo cajero de otra entidad financiera y se usaron para la recarga de tarjetas telefónicas.

Tras la correspondiente denuncia y comunicación al banco, algunos importes se consiguieron retroceder, tras la anulación de las recargas no gastadas, pero éstos sólo rondaron los 1.000 euros, el resto el banco lo dio por perdido. En el mismo escrito, el banco echaba la responsabilidad de lo ocurrido al titular, por entender que no había custodiado debidamente su tarjeta y las correspondientes claves y ante esa "supuesta" falta de diligencia debía asumir las consecuencias del fraude.

Tras las infructuosas reclamaciones al defensor del cliente del SCH y al Servicio de Reclamaciones del Banco de España, la persona estafada interpuso demanda contra la entidad financiera, asunto que se resolvió antes de sentencia por la vía extrajudicial ya que se llegó a un acuerdo. El fundamento principal de la reclamación del afectado era la responsabilidad de la entidad al mantener en uso un sistema inseguro, que no garantiza el uso personalísimo que tienen las tarjetas de crédito.

En otro caso más tramitado por Ausbanc, nos encontramos con un comerciante de una localidad cercana a Granada. Es propietario de un alojamiento turístico que recibe por "email" la orden de reserva de todo su establecimiento durante un fin de semana. La factura sumaba más de 5.000 euros. El pago de la reserva se realizó mediante tarjeta de crédito sin que ésta pasa por las manos del hostelero.

Éste solicitó autorización a su entidad financiera, en este caso CajaGranada, para tramitar la operación. Pasados unos minutos, ésta fue autorizada por lo que dio el visto bueno a la reserva. Al cabo de 15 días, la persona que había realizado la reserva comunica que no va a poder acudir, ya que les han surgido problemas personales, por lo que solicita la devolución del importe abonado. Tras los oportunos descuentos, por los gastos de anulación de reserva, el hostelero transfiere 3.000 euros.

Pasados más de cuatro meses desde la citada operación, CajaGranada comunica que la primera operación con tarjeta, por algo más de 5.000 euros, había sido devuelta por VISA y que además se trataba de una operación fraudulenta.