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La reciente jornada negra en la que cuatro mujeres perdieron la vida como consecuencia de la violencia machista viene a demostrar que, en ocasiones, todos los medios dispuestos para evitar la tragedia son pocos. La provincia de Almería ha empezado bien el año y todavía no ha habido ninguna agresión mortal hacia mujeres, aunque no se puede bajar la guardia. Sólo en la capital, la Policía Nacional tiene encomendada en la actualidad la protección de 372 víctimas de malos tratos.

Todas ellas tienen una orden de protección y/o de alejamiento de sus parejas o ex parejas de un juez y tienen que superar su temor para seguir adelante. José Antonio de la Paz, inspector jefe del Servicio de Atención a la Familia (SAF) y Aureliano Juárez, responsable de la Unidad de Prevención y Protección del Cuerpo Nacional de Policía conocen muy bien sus historias. Ellos forman parte del grupo de 21 funcionarios que están implicados de manera específica en combatir esta lacra y se saben de memoria los pasos que las mujeres tienen que dar para poder escapar de la violencia que las rodea y golpea.

Su manera de trabajar se ha ido adaptado a la reciente Ley Integral contra la Violencia de Género y lo primero que determinan es el grado de riesgo que está asumiendo la denunciante. Un sistema informático recoge una serie de parámetros que resuelven el punto de peligro en el que ella -una mujer con nombre, apellidos y una vida como la de cualquier otra persona- está ubicada (bajo, medio o alto) y que también influirá en la clase de medidas de protección a tomar. En muchos casos ese proceso lleva unido una investigación sobre su entorno, sobre el hombre que ha ejercido su abuso, físico o psíquico, sobre la víctima.

La denuncia es fundamental, insisten, y ya desde ese momento se aconseja a la fémina sobre los centros y ayudas que están a su disposición. De hecho, los últimos datos dados a conocer por parte del Instituto Andaluz de la Mujer señalan que el 80 por ciento de las víctimas mortales por violencia machista no habían acudido a pedir ayuda a ninguna administración. Lo siguiente es que el juez conozca y analice sus circunstancias para que dicte la orden de alejamiento o protección pertinente. Lo normal, explica Juárez, es que entonces se le asigne un agente a la víctima con el que siempre que lo necesite podrá entrar en contacto.

Se le da un número de teléfono móvil en el que localizarlo los 365 días del año y las 24 horas del día y se encargará de asesorarla o de ayudarla en caso de peligro. No obstante, también se le puede conceder un servicio de teleasistencia. Eso es, ni más ni menos, que un teléfono móvil con un localizador GPS y marcación rápida a la sala 091 o la instalación del mismo sistema en el teléfono personal de la ciudadana si ella así lo desea. Cansados de oír noticias a nivel nacional sobre agresiones, en ocasiones mortales, a mujeres después de que los hombres incumpliesen órdenes de alejamiento cabe preguntarse cómo está la historia en Almería.

"Los quebrantamientos son mínimos y que estén ligados a agresiones prácticamente nulos", señalan los agentes. Por su parte, la Jefa de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer en Almería, Esther Rodríguez, matizó que la media en cuanto a protección de mujeres es de dos años y que la Policía vigila las salidas de la cárcel de los condenados por este delito -que suelen estar unos nueve meses entre rejas-. "Se les notifica a ellas que hay permiso o han acabado la condena", comenta, mientras que desde la Policía se le dan consejos de autoprotección.

"Es importante, por ejemplo, que salgan de su entorno -en referencia al del agresor- y que se procuren una cobertura familiar o laboral", explicó Juárez, porque "ella mejor que nadie sabe que va a tratar de acercarse, de llamarla por teléfono y de decirle que se va "a portar bien"". Cada caso de malos tratos de la provincia es supervisado por la Unidad de la Subdelegación, que los comunica a nivel nacional para que el control sea tal que no queden flecos sin atar, y otro dato positivo dentro de todo lo malo es que son pocas las mujeres en la provincia que se encuentran en un riesgo alto y que la mayoría de sus maltratadores están en la actualidad cumpliendo condena en la prisión.