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Fue una de las banderas del gobierno de Torres Hurtado durante los pasados cuatro años. El proyecto era innovador: sortear 455 pisos baratos para que los jóvenes tuvieran dónde vivir sin pagar un precio disparatado. Al sorteo, el 7 de mayo de 2007, veinte días antes de las elecciones, acudieron 2.956 aspirantes. Un año después el balance está quebrado.

Algunos de los agraciados -son testimonios reales- aseguran que les están exigiendo avales elevados para entrar en los pisos, cantidades que en algún caso -añaden- llegan a los 25.000 euros. Ayer, la concejala de Urbanismo, Isabel Nieto, dijo que no tiene "constancia" de que se estén cobrando fianzas de esta guisa y reconoció que no sabe cuántos contratos se han firmado. O lo que es lo mismo, cuántas de aquellas 455 personas que consiguieron una VPO -sorteadas por el Ayuntamiento- viven en ellas.

Puede ser un escándalo mayúsculo, un descontrol o simplemente un puñado de casos aislados. No se sabe. Y ahí reside precisamente el problema: que no hay datos oficiales.

Tardó en reaccionar, pero la concejala de Urbanismo ha cogido las riendas. Lo hizo después de ofrecer una inusitada rueda de prensa, pero al menos se ha percatado de que no se podían obviar los supuestos disparates mientras no se tenga certeza de que son falsos. Nieto ha convocado a las cuatro promotoras que construyeron los bloques para aclarar qué ocurre.

Ha sido un funcionario de Urbanismo el que ha alertado de las irregularidades en un informe en el que habla de "cláusulas abusivas". Entre otras situaciones, advierte de que alguna empresa estaría obligando a los inquilinos a presentar el aval de un año por anticipado y a correr con los gastos del IBI.

Isabel Nieto desacreditó el informe de su propio funcionario, del que dijo que no está "capacitado para analizar jurídicamente" estas situaciones porque su trabajo habitual es "inspeccionar solares". "En su ignorancia emitió un informe que jurídicamente no es correcto". La concejala aseguró que los documentos ya habían sido estudiados por la asesoría jurídica del Ayuntamiento, que no detectó irregularidades, y que el funcionario lo que tenía que hacer era "archivarlos" y no "analizarlos". Que, en todo caso, el informe lo hizo a "título personal" y ella ni siquiera lo conocía: "Es curioso que lo tuviera el PSOE". Nieto concluyó que todo ha sido un "teatrito" orquestado por los socialistas.