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Ciudad de la Justicia de Sevilla. Capítulo 136. Y nada se aclara. Como un culebrón venezolano. El cambio de titular en la Consejería de Justicia y Administraciones Públicas ha propiciado que las posturas del Ayuntamiento de Sevilla -que no han conjugado precisamente con las de la Junta de Andalucía- en torno a la ubicación de este complejo judicial reciban un respaldo importante, ya que la nueva responsable de esta cartera autonómica, Evangelina Naranjo, hizo ver ayer que «no se descarta» un nuevo cambio de planes sobre el lugar donde se debe construir el recinto con los nuevos juzgados sevillanos, dejando así caer que la decisión de levantar el complejo en terreno del puerto no es definitiva. Esa zona junto al Guadalquivir fue la escogida definitivamente hace sólo unos meses por el Gobierno autonómico.

En su primera visita como consejera a la Audiencia de Sevilla, Evangelina Naranjo no descartó pero tampoco quiso confirmar que la Ciudad de la Justicia se vaya a ubicar en el Batán, junto a las instalaciones portuarias, ni que se retome la ubicación del proyecto anterior, en Los Gordales, sitio contemplado en el propio Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Sevilla. «No descarto nada», dijo Naranjo en respuesta a los periodistas, si bien aclaró que se hará con el consenso de todos los sectores implicados. «Voy a hablar con todo el mundo y será la Ciudad de la Justicia que todos queramos; saldrá del consenso y del diálogo, y la debemos hacer pronto y rápido» porque, consideró, las actuales instalaciones «no dan más de sí». «Tenemos que aprender de otras ciudades de la justicia», indicó.

No obstante, a las preguntas sobre que ahora será imposible establecer plazo, Naranjo repuso que «la prisa mata» e insistió en que en su etapa anterior como consejera «cuando se construían parques de bomberos llamábamos a los bomberos, y eso hará ahora con la Ciudad de la Justicia». Así, los plazos establecidos hace varios meses por su jefe más directo, el presidente de la Junta, Manuel Chaves -que prometió que el recinto estarás en funcionamiento en 2010-, quedaron ayer hechos añicos.

También dijo Naranjo en su visita que las sedes actuales precisan «reformas más urgentes y necesarias para que se trabaje en las mejores condiciones posibles», pero que «el gran esfuerzo» se hará en la Ciudad de la Justicia, lo cual, además, es un compromiso del presidente de la Junta. Fue casi en lo único en que hizo converger su postura con la del jefe del Ejecutivo andaluz.

La nueva visión de la Consejería de Justicia viene a poner aún más confusión al futuro de este complejo, demandado desde hace años por los sectores afectados y cada vez más necesario a tenor del colapso palpable en los juzgados del Prado de San Sebastián. El mensaje de Naranjo de ayer pone en entredicho todo lo asegurado por la propia Junta en el tramo final de 2007, cuando se vendió como decisión estratégica un cambio de planes en los terrenos escogidos que se han debido al conflicto que la propia Administración andaluza mantiene con el Gobierno central en la parcela de Los Gordales, ubicación señalada en el PGOU.

Esos suelos junto al barrio de Los Remedios y que son propiedad del Estado eran los idóneos y los que Ayuntamiento y Junta habían elegido en consenso, incluyéndolos en los planeamientos urbanos como sede para levantar la Ciudad de la Justicia tras varios cambios previos (Pítamo, Cartuja...). Pero el Gobierno de Madrid comenzó a litigar por los terrenos, causa de esa mudanza al puerto vendida como positiva desde el gabinete Chaves.

Aunque el Ayuntamiento hispalense había alcanzado un acuerdo con el Ejecutivo de José María Aznar para la cesión de los terrenos en Los Remedios, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no respetó el acuerdo y exigió mayor edificabilidad en sus parcelas de la contemplada en el PGOU, llevando su demanda hasta los tribunales. Esto bloqueó los trámites para la construcción del complejo y provocó el cambio de planes de la Junta, que provocó la indignación de los abogados de la ciudad y otros sectores cívicos. El propio Ayuntamiento recibió con escaso entusiasmo la propuesta de edificar en el Batán, hasta el punto de que IU se pronunció en contra y defendiendo lo reflejado en el PGOU.

Se trata de un proyecto recurrente que la Administración autonómica parece ser incapaz de sacar adelante, a diferencia de otras ciudades como Málaga, que inauguró en diciembre su Ciudad de la Justicia. Si algo estaba claro después de años de titubeos era que su ubicación definitiva iba a ser en Los Gordales, pero la anterior titular de Justicia, María José López, anunció sorpresivamente en septiembre que el proyecto se mudaba a la dársena del Batán.

La decisión fue incluso más sorprendente habida cuenta de que los nuevos terrenos están alejados del centro de la ciudad, mal comunicados -Chaves llegó a prometer un ramal del Metro a la zona, algo que ya se ha descartado- y son colindantes con los depósitos de hidrocarburos de la empresa CLH, que ha mostrado su negativa a trasladarse del lugar. Es más, tiene recurrido el PGOU ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Hace varios meses se firmó incluso un protocolo entre Junta y Puerto que se vendió prácticamente como el inicio inminente de las obras, algo que se ha antojado irreal.