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A Julián Muñoz le queda apenas año y medio de cárcel para saldar sus cuentas con la Justicia por las licencias de obras que concedió contrarias a la normativa urbanística durante su etapa como concejal en el Ayuntamiento de Marbella. El pacto alcanzado ayer entre la Fiscalía de Málaga y seis ex ediles de la corporación que gobernó entre 1995 y 1999 contempla penas de tres años de cárcel y diez de inhabilitación para cada uno de ellos. Pero además de estas penas se tendrá que descontar el tiempo que los concejales imputados hayan estado encarcelados por anteriores por delitos urbanísticos. Así, a Muñoz, que ya lleva año y medio en prisión cumpliendo condena, de acuerdo con este pacto, le restarían otros 18 meses de cárcel para liquidar de un plumazo los 49 procesos por delitos urbanísticos en los que está acusado. No obstante, este tiempo podría ser aún menor en el caso de que le fueran concedidos beneficios penitenciarios.

Los abogados de los ex ediles del GIL en la corporación municipal 1995-1999 han cerrado el pacto con la Fiscalía, aceptando las penas de prisión e inhabilitación que planteó el Ministerio Público para los seis imputados de esta etapa: Julián Muñoz, Rafael González, Dolores Zurdo, María Luisa Alcalá, Manuel Calle y Mario Jiménez. Se trata del periodo donde se gestó el nuevo planeamiento urbanístico de Marbella, que resultó ilegal, y al amparo del cual se concedieron las licencias de obras.

Ernesto Osuna, uno de los abogados que ha participado en este acuerdo con la Fiscalía, manifiesta que las penas cumplidas hasta ahora por estos concejales por causas urbanísticas "deben computarles porque se trata del mismo tipo de delito y según la ley tiene que ser así"; y añade que de hecho "está incluido en el pacto, aunque no se tendrá en cuenta nada que no sea el mismo tipo de causas".

Durante la reunión mantenida los letrados y el representante de la Fiscalía han tratado cómo se va a llevar a cabo este pacto, de forma que sea pueda plasmar lo más rápido posible, según Osuna, ya que "las personas afectadas quieren ponerse en paz con la Justicia lo antes posible y reanudar sus vidas".

Septiembre puede ser el mes en que los ex ediles que han aceptado el acuerdo ingresen en la cárcel para cumplir las penas. Ese es el horizonte que calcula Osuna, quien, no obstante, precisó que todavía resta por hacer un listado de las causas judiciales pendientes, no sólo en los juzgados penales sino también en los de instrucción; comprobar que estos procedimientos se ajustan a los criterios de la ley y, posteriormente, aplicar el acuerdo, con la elaboración de escrito de conformidad entre fiscal y defensa para que el juez dicte la correspondiente sentencia.

El resto de los ex concejales imputados en causas urbanísticas pertenecientes a la siguiente corporación municipal han aplazado hasta el próximo mes de junio la continuación de las conversaciones con la Fiscalía para concretar un posible pacto. Aquí las posturas se encuentran más distantes, pues mientras el Ministerio Público sostiene el mismo planteamiento, es decir, el ingreso obligatorio en prisión, los abogados defensores de los imputados manejan otras alternativas, como el pago de multas.

"Desde todos los puntos de vista, creo que es un pacto que beneficia a la Administración de Justicia y al ciudadano y se respeta totalmente la legalidad". De esta manera valora Ernesto Osuna el acuerdo, del que subraya que beneficia a los imputados porque "establece una seguridad de qué tienen que cumplir o cuándo lo tendrán que cumplir, y no pensar que tienen que estar 10 años celebrando juicios".

El acuerdo contempla una pena de un año de prisión y diez inhabilitación, por cada causa pendiente. La ley establece la imposibilidad de cumplir más del triple de la pena máxima impuesta en delitos que tengan o puedan tener conexidad. Por ello, los ex ediles que han aceptado el acuerdo no cumplirán más tres años de cárcel al tener todos ellos más de tres causas pendientes.