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Es una carambola macabra: la sobrecarga de trabajo en la delegación del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Sevilla ha estado a punto de dejar en la indigencia a media docena de viudas andaluzas. El colapso de la citada institución científica retrasaba los análisis derivados de las autopsias de sus maridos. Y, sin los resultados de esas pruebas, no podían cobrar la el seguro correspondiente o incluso la pensión. Pero, entre tanto, había que seguir pagando las facturas... Además de la pérdida, las viudas se enfrentaban a una situación insostenible.

La intervención de José Chamizo, el Defensor del Pueblo Andaluz, fue providencial para lograr una solución. Dicha institución contactó con Toxicología y las peticiones de celeridad en los análisis derivados de las autopsias fueron "atendidas a plena satisfacción". El Defensor no pone pegas a la labor del Instituto. Al contrario, es comprensivo. "Desde la dirección del departamento se nos ha explicado que el incremento que se ha producido en estos últimos años en cuanto al número de solicitudes" que reciben, y sin aumento de la plantilla ni de los medios materiales, "es lo que nos impide atenderlas con la rapidez que quisiéramos".

Chamizo asume esa explicación. "Nosotros pensamos que los juzgados piden con demasiada frecuencia pruebas al Instituto de Toxicología. Creemos que ahí está la raíz del problema", indicó el propio Defensor a este periódico. Además, hay que tener en cuenta -precisó Chamizo- que la delegación con sede en Sevilla no sólo resuelve las peticiones de los tribunales de Andalucía, Ceuta y Melilla: también atiende las solicitudes que formulan los juzgados extremeños. De hecho, el Defensor del Pueblo Andaluz no es competente para intervenir en un asunto que afecta a una institución dependiente del Ministerio de Justicia, es decir, de ámbito estatal.

Aun así, Chamizo medió porque a su mesa llegaron "situaciones muy dramáticas", según se recoge en la memoria de actividades del Defensor referida al año 2006 y que fue hecha pública recientemente. No exagera. El citado documento recoge varios ejemplos que dan idea de la gravedad del problema. Es el caso de una mujer que perdió a su marido, transportista de profesión, en una accidente de circulación. La viuda acudió al Defensor del Pueblo para que la autopsia del cadáver de su esposo "se realizara con urgencia, ya que la compañía de seguros se negaba a abonarle la indemnización hasta que no se aportara el resultado del análisis toxicológico que había solicitado el juzgado" encargado de la investigación del siniestro.

El fallecido era el único miembro de la familia que tenía ingresos. Sin el dinero de la póliza -la compañía quería tener las pruebas antes de pagar para descartar cualquier negligencia: caso del consumo de alcohol, por ejemplo-, la mujer debía sobrevivir con la única ayuda de los servicios sociales de su municipio. En 2006, el Defensor tramitó otras dos quejas de similares características: muertes en accidente laboral, peticiones judiciales de análisis, atranque en el Instituto de Toxicología, indemnizaciones que no llegan y dos mujeres angustiadas que no saben cómo van a salir adelante. En uno de estos dos casos, además, la viuda en cuestión "también estaba pendiente del cobro de la pensión al existir discrepancias en cuanto a si el accidente en que su marido había fallecido había sido, o no, laboral".