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Un día después de que el padre de Mari Luz tomase las puertas de los juzgados pidiendo la retirada del juez Rafael Tirado Márquez entre gritos de asesino y comparando al magistrado con el pederasta, ayer fue el ministro de Justicia el que intentó presionar al CPGJ sobre el expediente.

Desde Cannes, donde asistía al consejo informal de ministros de Justicia de la UE, el titular del ramo, Mariano Fernández Bermejo, se mostraba esperanzado en que la intención del CGPJ de imponer al juez Tirado una sanción leve tras el expediente disciplinario incoado haya sido "una alarma infundada".

Aunque dijera que hay que dejar "al Consejo General del Poder Judicial, que es el competente, que tome sus decisiones", luego añadió que es verdad que "es muy alarmante lo que escuchamos el otro día" en alusión a la filtración de que los jueces estaban sopesando la idea de imponer a Tirado una sanción de entre 1.000 y 6.000 euros. "Espero que haya sido simplemente eso, una alarma infundada, porque creo que lo mejor es que se aplique la Ley. Y eso significa que el órgano que tiene que aplicarla actúe pronto y actúe bien", insistió.

Las declaraciones de Bermejo no son las primeras de un miembro del Gobierno cargando las tintas contra el juez Tirado y presionando al CGPJ, De hecho, la propia vicepresidenta primera del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega, ya dijo hace varios días que sería "intolerable" que se impusiera una sanción leve a Tirado en un asunto "tan grave" e incluso anunció que, de ser así, el fiscal general del Estado recurriría y que iría hasta el final. A esas presiones también se sumó el lunes el PSOE de Huelva que tildó de "lógica" la manifestación del padre aunque después se desmarcara asegurando que el lugar elegido-la sede judicial sevillana-no era el sitio más adecuado.

Parece que el PSOE y el Gobierno han hecho poco caso a las declaraciones del propio portavoz del CGPJ, Enrique López, que hace varios día se mostraba "perplejo" por esas recomendaciones y decía que no había antecedentes de advertencias del Gobierno al CGPJ "lo que debe o no debe hacer".