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Arenas explicó que la libertad a que se refiere es básicamente la libertad de los padres para elegir centro y elegir qué tipo de educación quieren para sus hijos. Sobre la calidad afirmó que es fundamental sobre todo en la enseñanza pública porque hay muchos lugares donde es la única opción.

La ley que defenderá el PP se basa en reforzar la autoridad del profesorado dándole un apoyo incondicional y en la "tolerancia cero" con cualquier agresión verbal o física. En este sentido regula unas nomas mínimas de convivencia que luego los centros pueden completar.

Javier Arenas hizo ayer un llamamiento al PSOE para que "por primera vez y sin que sirva de precedente" acepte que se tramite una ley que procede de la oposición. Alegó que si se hace así, Andalucía sería la primera comunidad de España en tener una "ley de convivencia escolar", pero sobre todo consideró que es muy necesaria porque en Andalucía los casos de violencia "van en aumento" y porque la comunidad tiene un índice de violencia escolar seis puntos superior a la media nacional. También recordó unas palabras recientes del juez de menores de Granada, quien dijo que el 82 por ciento de los menores con problemas de delincuencia coincide que son alumnos con fracaso escolar. También citó un informe del Consejo Escolar de Andalucía que en 2006 ya daba cuenta de más 26.000 casos de violencia escolar en Andalucía, de los que más de tres mil habían sido de agresiones a profesores.

Contra esta espiral de violencia, la ley que propone el PP dicta medidas de refuerzo de la autoridad del profesor como, por ejemplo, reconocerles la condición de "autoridad" u otorgar la presunción de veracidad a la declaración o manifestación en acta de los profesores en cuanto a hechos observados directamente por los mismos, aunque lo hace sin perjuicio de las pruebas en contrario. Asimismo, regula específicamente la función del director, del jefe de estudios y del profesorado del centro, reforzándoles en su autoridad para la aplicación del Plan de Convivencia.

En segundo lugar, la norma que propone el PP preve un mayor compromiso de la Administración contra la violencia en las aulas como sería el caso no sólo de prestar asistencia legal y psicológica a l profesorado en caso de agresión sino que la Administración se personaría en los tribunales en los casos en que así procediera. También contempla dotar con más profesores a los centros más conflictivos y disminuir la ratio de alumnos por aula en los mismos.

También establece un marco para que cada centro elabore su plan de convivencia y regula unas normas mínimas que cada centro puede completar. Entre esas "normas mínimas" destaca la asistencia a clase, el deber de estudiar y realizar las tareas encomendadas por el profesor; la puntualidad; la correcta actitud en clase no permitiéndose el uso de teléfonos móviles o dispositivos electrónicos que distraigan al alumno o a sus compañeros; el respecto al profesorado en todo el centro; el trato correcto con los compañeros, el cuidado de los materiales y las instalaciones; o el cumplimiento de las normas de urbanidad.

Para quienes rompan la convivencia se articular un sistema de correcciones y medidas disciplinarias que distingue entre faltas leves y graves. Entre las últimas estarían las agresiones físicas o verbales, las vejaciones o la difusión de humillaciones a alumnos o profesores, que conllevan castigos más graves. En la propuesta del PP se elimina la medida disciplinaria de cambio de centro "ya que con ella se traspasa el problema a otro centro"