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Los hospitales de la ciudad, las facultades de la Universidad de Granada o el Centro Superior de Investigaciones Científicas -CSIC- son los principales hervideros de investigadores. Más de mil jóvenes se labran su futuro encerrados mañana, tarde y parte de la noche en laboratorios o departamentos donde el reloj no existe para ellos.

"Tenemos contratos de cuarenta de horas, pero trabajamos a destajo. Por la noche, los fines de semana. Lo importante es el trabajo de investigación y es rara la semana que no trabajas más de cincuenta horas". Las palabras son de Ángel María Villegas, trabaja en el Centro Superior de Investigaciones Científicas, en un programa sobre genética vegetal para analizar la resistencia de enfermedades en las plantas. También es coordinador autonómico de la asociación de investigadores en precario.

Después de finalizar la carrera universitaria de cinco años, el investigador se enfrenta a otros cuatro años más para conseguir el título de doctor. En este segundo escalón de su periplo profesional, las administraciones públicas -ya sea Junta de Andalucía o Gobierno central- los becan durante los dos primeros años. Cobran unos mil euros -algunos ni llegan- y cotizan a la seguridad social, pero estos 24 meses de cotización no sirven para acumular derecho a desempleo ni para la jubilación. "No nos ven como trabajadores, sino como becarios sin derechos, pese a que somos la infantería de la investigación", apunta Villegas. En este escalón de investigadores becados se encuentra la cuarta parte del personal investigador de España. El 48,8 por ciento de los artículos publicados en revistas científicas internacionales están firmados en primer lugar por un investigador no perteneciente a la plantilla del centro.

Pasados esos dos primeros años, las becas se transforman en contratos de trabajo por otros dos años para completar los cuatro de duración del doctorado. Este contrato sí les permite acumular paro y sumar días a la jubilación. Pero esa mejora es un mero espejismo. Los investigadores dependientes del Gobierno central pasan de los 1.000 euros que percibían de becarios a unos 800. "Les descuentan las cotizaciones que como becarios les pagaban y por eso sus sueldos menguan. Los investigadores dependientes de la Junta sí pasan a ganar algo más de los mil euros", apunta Villegas.

La carrera hacia la desesperación de estos investigadores no culmina al obtener el título de doctor. "A partir de ese momento nos encontramos con el abismo, porque nadie sabe qué va a ocurrir con nosotros y tampoco tenemos claro el camino para continuar investigando, por eso exigimos una carrera profesional para el investigador". José Die ejerce de vicepresidente de la Federación de la Asociación de Investigadores en Precario y tiene muy claro que este país pagará muy cara la fuga de cerebros científicos al extranjero. "En España, la empresa privada no apuesta por la contratación de investigadores, por eso una salida es marchar al extranjero para trabajar". En el año 2003, más de dos mil doctorados españoles inflaban su currículo lejos de este país. Sólo en la Universidad de Granada se leen una media de 250 tesis doctorales cada año.

¿Las salidas sí se quedan aquí? "Muchos siguen trabajando en la investigación sin financiación alguna esperando que salga una convocatoria Ramón y Cajal o Juan de la Cierva -programas de financiación para investigadores de cinco y tres años respectivamente-. Así pueden estar un año o más, aunque los departamentos suelen arrimar el hombro para facilitarles alguna ayuda". Otros desisten en su intento de hacerse investigadores y los menos acaban triunfando en una profesión, esencial para el desarrollo de un país, después de haber superado una carrera de obstáculos de más de doce años. Toda una travesía por el desierto. Detrás de esta precariedad están las personas que más horas echan en los laboratorios para saber si una determinada molécula puede funcionar para frenar un cáncer o luchar contra un virus determinado o para crear tecnología diminuta para navegar por internet o hablar por teléfono móvil. Todo por 400 euros más de la frontera que marca el salario mínimo interprofesional fijado en 570 euros. Para colmo, el Gobierno central quiere rebajar ahora la ínfima cotización de los investigadores predoctorales.