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Una vecina de Morón de la Frontera se encuentra en prisión desde diciembre pasado por una presunta "estafa piramidal" de más de medio millón de euros a unos 90 afectados que le confiaron sus ahorros.

La acusada, A.S.D., prometía unos intereses desorbitados, por encima del 20 por ciento mensual, que llegaban a duplicar la inversión en un mes para los clientes "especiales" que le traían nuevos inversores.

Una segunda modalidad de la presunta estafa consistía en ofrecer la compra de pisos sometidos a subasta judicial, para lo cual exigía a los compradores el adelanto del 25 por ciento del precio para participar en la puja.

El juzgado de instrucción 2 de Morón ordenó su ingreso en prisión incondicional de la acusada, contra la que se han personado una treintena de afectados, aunque el número total puede ascender a 90.

La estafa, hasta el momento, se ha cuantificado en 500.000 euros aunque el montante total podría llegar a 700.000 euros. Los denunciantes residen en su mayoría en Morón, aunque algunos proceden de El Coronil y Sevilla capital.

Según las fuentes, A.S.D. pagaba puntualmente los primeros intereses, por lo que las víctimas se confiaban e invertían nuevas cantidades o aconsejaban hacerlo a familiares y amigos, en una presunta "estafa piramidal" que empezó hace tres años, aunque el grueso de las entregas de dinero se produjeron en 2007.

En su defensa, la acusada ha manifestado al juez que trabajaba para una financiera con base en Sevilla, con cuya representante se entrevistaba en plena calle junto a los juzgados del Prado de San Sebastián, aunque el nombre que ha aportado no corresponde a ninguna compañía legalmente establecida.

En nombre de esa misma sociedad mercantil, la acusada ofrecía invertir en la subasta judicial de pisos, para lo que exigía un pago por adelantado del 25 por ciento del importe total, que en un caso llegó a 60.000 euros.

Según los denunciantes, tras la subasta, supuestamente, la empresa transmitiría el piso al inversor, en una operación que la acusada repitió en más de 30 ocasiones. El piso ofrecido en subasta no estaba sometido a ninguna medida judicial y en ocasiones ni siquiera existía.

En este caso estuvo imputada una abogada de Morón de la Frontera que realizaba los contratos para la acusada, aunque el juez ha decretado el sobreseimiento del caso por entender que actuó de buena fe.

La acusada realizaba los tratos en la cocina de su propio domicilio y los afectados son personas de pocos recursos que en ocasiones han tenido que recurrir a préstamos para devolver el dinero.