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La negociación entre el Ayuntamiento de Marbella y el Patronato Provincial de Recaudación para la renovación o no del convenio rubricado en 1995 entre ambas entidades, para el cobro de impuestos y tasas municipales, continúa abierta, cuatro meses después de que el Consistorio marbellí denunciara este acuerdo. Desde el Ejecutivo local, ya han presentado una propuesta concreta sobre las claves que, en su opinión, debería de reunir el futuro convenio para mantenerlo vigente. El equipo de gobierno exige, por un lado, un abaratamiento en el coste anual que le supone a las arcas municipales tener delegado al Patronato, dependiente de la Diputación Provincial de Málaga, la gestión de los tributos a cambio de recibir un porcentaje mensual.

Los datos aportados son bastante reveladores en este sentido. El Consistorio marbellí alega que desde 2003 a 2006 dejó de ingresar 24,6 millones de euros, el desembolso total que le supuso durante este periodo ceder al Patronato Provincial la tramitación de los impuestos y tasas.

Carlos Rubio, concejal delegado de Hacienda y Personal, asegura que las actuaciones del Ayuntamiento en esta materia han supuesto además un incremento notable de la recaudación gracias a la depuración de los padrones y a la mejora en los procedimientos de liquidación que han impulsado. En este sentido, el equipo de gobierno pretende que se modifique la fórmula actual por la que el Patronato Provincial cobra en función de lo recaudado y liquidado, cuando -según subraya- "Marbella es el municipio que más recauda de la provincia, ya que, casi triplica al siguiente en la lista que es Estepona". La otra condición que el Ejecutivo local ha trasladado por escrito a este órgano dependiente de la Diputación para prorrogar el convenio es dotar de mayor apoyo técnico y en recursos materiales al área de gestión tributaria del Ayuntamiento.

Pese a que en un principio se plantearon prescindir de los servicios del Patronato si éste no ofrecía condiciones más beneficiosas, Rubio ve "factible" llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes. En caso contrario, no descartarían prescindir de sus servicios y asumir la gestión de los impuestos con medios propios -lo que supondría un ahorro para este año de siete millones de euros- o incluso licitarlo.