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Un juez ha abierto juicio oral contra tres profesores de la Universidad de Sevilla, acusados de apropiarse de 82.406 euros procedentes de las asignaciones de ocho de sus becarios, aunque ha rechazado declarar la responsabilidad civil subsidiaria de la Universidad.

El juzgado de instrucción número 5 de Sevilla, en un auto al que ha tenido acceso Efe, remite las actuaciones a un juzgado penal para celebrar el juicio, donde el fiscal pedirá para cada profesor cuatro años de prisión y la acusación particular, que ejerce el letrado José Alberto Monsalvete, seis años.

El juez rechaza declarar la responsabilidad civil subsidiaria de la Universidad pues "no se desprende ningún tipo de actuación irregular o imprudente por parte de sus servicios" y lo sucedido fue "producto únicamente de una maquinación dolosa de los acusados".

En el auto, el juez impone a los procesados el pago de una fianza de 96.000 euros para hacer frente a las posibles responsabilidades económicas.

Los tres profesores están acusados de apropiarse de un total de 82.406 euros que debieron recibir ocho becarios entre 2000 y 2003, además de otros 11.979 euros del proyecto al que estaban asignados, un estudio de la Unión Europea sobre la nueva organización del trabajo en Europa y que coordinaba la Universidad sueca de Goteborg.

En el caso están acusados M.P.P., profesor de la Facultad de Derecho; su esposa E.R.P., también enseñante; B.P.R., profesor de la facultad de Económicas, y P.P.A., que no pertenecía a la Universidad pero fue contratado por los acusados y cobró una de las becas.

El escrito de acusación del fiscal explica que los acusados acordaron verbalmente con los becarios una asignación mensual de 300 euros, pese a que las bases de las ayudas preveían una retribución de 1.322 euros al mes en la primera anualidad y 1.520 euros en las dos sucesivas. Junto a la pena de prisión, el fiscal solicitar para cada uno cuatro años de suspensión como profesor universitario, así como una multa de 3.600 euros por presuntos delitos de estafa o, alternativamente, de apropiación indebida.

El escrito de acusación del fiscal contiene duros calificativos para definir el "apetito desenfrenado y voraz de lucro ilícito" del principal acusado, hasta el punto de dejar a uno de los becarios sin 480 euros que le llegaron por otro concepto.

Según el fiscal, los tres acusados "pensaron, desde el principio, hacer suyos los 164.348 euros" previstos en el proyecto para los becarios y llegaron a elevar una consulta a la Universidad de Sevilla, que les respondió que la partida de personal solo podía destinarse a becarios y que el trabajo de los profesores no era retribuible ni subvencionable, al ser personal de la Universidad. Por ello, según el fiscal, idearon un plan consistente en abrir cuentas bancarias compartidas con los becarios para ingresar en ellas el importe de la beca, y les explicaron que la diferencia era para "sufragar otros gastos del proyecto y remunerar a otros participantes".

Los becarios, todos ellos recién titulados en Derecho y Estadística, dejaron de percibir entre 8.114 y 26.081 euros, según el tiempo que permanecieron en el proyecto, añade el fiscal.

Este caso fue denunciado en el juzgado por la propia Universidad de Sevilla al recibir la primera queja de una becaria, y posteriormente se unieron a la denuncia varios estafados.