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El primer abogado en estudiarse detalladamente el sumario ha sido Antonio Segura, que defiende al alcalde de Zurgena, Cándido Trabalón (PA) y al concejal de Urbanismo, Manuel Tijeras (PA). "A raíz de leer el sumario nos ratificamos con más énfasis en lo que venimos defendiendo", aseguró tajante el representante de los imputados en la operación "Costurero", que se mostró sorprendido del "montaje" que se ha realizado contra sus patrocinados.

Según detalló, el equipo del Seprona de la Guardia Civil que se ha encargado de la investigación acusa, entre otras cosas, a Trabalón de "designar a dedo" al equipo redactor del nuevo PGOU -Plan General de Ordenación Urbanística- de Zurgena. Pero el letrado defiende todo lo contrario, ya que cuando los andalucistas abrazaron el gobierno municipal ya estaba contratado. Segura explicó que la anterior corporación, del PSOE, contrató a Francisco Salvador antes del año 2000. Por eso, Trabalón confió en él, por el conocimiento del municipio y optó por la continuidad.

Otro de los comportamientos cuestionados en el sumario por las autoridades judiciales es -siempre según el abogado de Trabalón y Tijeras- es el "trato directo" que tienen los responsables del gobierno municipal con promotores y constructores que trabajan para el Ayuntamiento. Segura justificó esta situación sobre la base de que Zurgena es un municipio muy pequeño, "donde sólo hay un policía local" y apenas hay técnicos. Esto obliga a que los políticos asuman tareas que en otros consistorios realizan funcionarios. "El urbanismo, en Zurgena, lo tienen que gestionar el alcalde y el concejal", aseveró.

A los tres delitos que se imputaron al principio a Trabalón -cohecho, prevaricación y contra la ordenación del territorio- hay que sumar un cuarto delito, el de falsedad documental, que se le imputa al alcalde zurgenero. Tal y como explicó su abogado, en la investigación han detectado un certificado de antigüedad de una vivienda de unos ingleses irregular. El protocolo para emitir estos certificados es que cuando el interesado lo solicita, va el aparejador y recoge la información. Después entrega un documento al alcalde que es el que tiene que acreditar que la información que le dan los técnicos es cierta en el correspondiente informe. Según esto, el abogado reconoció que Trabalón firmó ese certificado, como muchos otros, con confianza.