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José Luque, sevillano de 55 años ha iniciado una huelga de hambre indefinida frente a la sede de la Audiencia Nacional de Madrid.

El motivo es la protesta por no haber cobrado todavía su indemnización del estado como afectado por el caso de las intoxicaciones por el aceite de colza que se produjeron en 1981.

Luque explicó que a él y a su mujer le fueron concedidos, respectivamente, 30 y 70 millones de pesetas (180. 303 y 420. 708 euros) de indemnización a través de sentencia firme en 1989.

El afectado ha denunciado que todavía no ha cobrado nada. "No me quieren pagar porque la han tomado conmigo y a mi mujer, a quien le han dado 25 millones nada más".

Bajo una pancarta en la que pide justicia en la calle Génova, José Luque avisa de que ha tomado "una decisión". "De aquí me voy al cementerio, no aguanto más", dice, al tiempo que denuncia que le están haciendo "muchísimo daño".

"Esta noche voy a dormir con un saco, no me pueden echar y, aunque lo hagan, yo no me voy a ninguna parte", insiste este damnificado por la colza. El denominado "Síndrome Tóxico", provocó lesiones de diversa consideración a un total de 25. 000 personas y acabó con la vida de otras 3.000.

Tanto el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, la ministra de Fomento, Magdalena Alvarez, y el presidente de la Junta, Manuel Chaves, se amparan en la "división de poderes" para asegurar que no pueden interferir en las decisiones de los tribunales.

Luque asegura haber escrito también al presidente del PP Mariano Rajoy y al coordinador general de IU, Gaspar Llamazares. "Este ni siquiera me ha contestado", lamentó, al tiempo que citó a un senador socialista para decir que "cuando estaba Aznar en el Gobierno se ofreció a ayudarme, pero ahora que están ellos, ya no quiere saber nada".

"Yo quedé dañado de los huesos a causa de la colza, mi hijo también resultó afectado y mi mujer se quedó en 30 kilos y dañada en pulmones e hígado por lo que se le concedió la invalidez total".

José Luque, además asegura haber tenido problemas con su banco, después de que le concediera 35 millones de pesetas bajo la idea de que el Estado le indemnizaría después y podría devolverlos.