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Las investigaciones policiales y judiciales para aclarar la presunta trama urbanística de Zurgena, donde se cuestiona la legalidad de un millar de viviendas construidas sobre suelos rústicos, continua abierta. A pesar de que el trabajo de los tres agentes del Equipo de Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil se ha cuestionado desde distintos ámbitos, las diligencias siguen marchando y la lista de imputados aumenta.

En las dos próximas semanas están llamadas a declarar por la jueza que instruye la "Operación Costurero", Pilar Alfonso Rodríguez, en calidad de imputadas, otras 15 personas que han tenido relación con el urbanismo zurgenero. Entre ellos hay políticos de todas las formaciones -PA, PSOE e PP-, arquitectos, promotores, constructores y dueños de inmobiliarias. El sumario de la "Operación Costurero" consta ya de 36 carpetas, en la que están justificadas todas las imputaciones y que contienen todas las pruebas, como los famosos pagarés del edil de Urbanismo

Entre los políticos están José Juan Sánchez, concejal del PP en el anterior mandato del Ayuntamiento de Zurgena; José Antonio Ramos, cabeza de lista del PSOE de Zurgena en el anterior mandato; al que se unen sus compañeros de partido, Juan Morales y Pedro Soto -propietario, a su vez, de una inmobiliaria en Garrucha-; Emilia Jiménez Pérez, concejal del PA; y Miguel Marín Ramos, que fue concejal por el PA en la anterior corporación municipal y que se presentó por el PP en las pasadas elecciones de 2007. Todos ellos votaron en los plenos de Zurgena para aprobar las licencias urbanísticas que se concedían en suelos rústicos.

Asimismo, Pilar Alfonso tomará declaración, también como imputado, a José Díaz, socio de uno de los principales bruñidores de la trama -según el sumario-, Tomás Zurano, que se encuentra en libertad con cargos. Díaz comparte la promotora "Dizu" con Zurano, de hecho, el nombre de esta empresa responde a un acrónimo realizado con los apellidos de los dos presuntos implicados. Junto a ellos aparecen por primera vez los hermanos Francisco y José María Nortes Rabasco, promotores murcianos que decidieron invertir en Zurgena cuando empezó el "boom" del ladrillo, también imputados.