Noticias Ya.com

Jaén tiene el dudoso honor de ser la provincia española con mayor tasa de trabajo basura. Este indicador se mide calculando cuántos de los contratos que se firman son indefinidos. En abril, por ejemplo, de las 22.146 vinculaciones registradas, tan sólo 1.038 no tenían fecha de caducidad. Estamos hablando, por tanto, de un pírrico porcentaje del 4,69 por ciento. La media nacional y autonómica tampoco es para tirar cohetes, pero es sensiblemente mejor que la de Jaén. Un 6,13 por ciento en el caso de Andalucía y un 12,97 por ciento en el de España. Así que los que aspiren a echar raíces en Jaén tienen pocas posibilidades: o tragar carros y carretas y resignarse a sobrevivir en medio de la inestabilidad permanente o hincar codos y optar a la oferta de empleo público. Lo normal es que una cosa lleve a la otra.

La cuestión es que los altísimos índices de precariedad han hecho que por primera vez en la historia se supere en Jaén la barrera psicológica de de 40.000 funcionarios o laborales al servicio de las administraciones. En estos momentos hay exactamente 40.213.

Por aquello del Estado de las autonomías y la descentralización del poder, la Junta de Andalucía es con gran diferencia la que soporta mayor volumen de plantilla. Hablamos de 22.111 de los 40.213 funcionarios, un 55 por ciento en términos relativos. Le siguen los 97 ayuntamientos y la Diputación Provincial de Jaén, con 12.483 (un 31 por ciento); la Administración General del Estado, con 4.220, un 10,5 por ciento; y por último la Universidad de Jaén, con 1.399, un 3,5 por ciento. En total los citados 40.213. Y las previsiones indican que estas magnitudes se quedarán cortas en el corto y medio plazo. La tendencia es que el régimen competencial de Andalucía cada vez sea mayor y que, al mismo tiempo, también crezcan las atribuciones de los municipios. No hay problema. Siempre habrá quince o veinte almas que se postulen a cualquiera de los puestos que se convoquen. Baste decir que el número de ciudadanos que se presentan a oposiciones crece a un ritmo del 15 por ciento anual. En este grupo se incluyen buena parte de los universitarios, pero también muchos de los rebotados de la empresa privada, hartos de estar siempre al borde del abismo.

El presidente del sindicato funcionarial CSI-CSIF, Joaquín Álvarez, comenta que ante un tejido productivo como el de Jaén, donde predomina la temporalidad, la función pública ofrece seguridad y continuidad, dos elementos que justifican que haya tanta gente interesada en ingresar en alguno de los organismos oficiales. "Lo más negativo -indica Joaquín Álvarez- es el sueldo, que se ha devaluado tanto que ni tan siquiera alcanza el nivel de vida de Jaén". "Es frecuente que se congelen nuestras retribuciones, cuando no se aplican subidas completamente insuficientes, como el Índice de Precios de Consumo estimado por el Gobierno, que en los últimos años no ha superado el 2 por ciento, la mitad de cómo realmente evoluciona la inflación", asegura. También lamenta el hecho de que la remuneración base, que es la que se toma como referencia para establecer la cuantía de las pensiones y las jubilaciones, sea muy baja y que las mejoras en la paga vengan por conceptos que no consolidan el salario real, como pueden ser los pluses de productividad, que se conceden de forma arbitraria y en función de circunstancia difícilmente objetivables.

Como consecuencia de ello, es habitual que cada vez se imponga el modelo en que dos integrantes de una misma familia (el padre y la madre normalmente) aspiran a enrolarse en alguna Delegación o en algún consistorio, a fin de disfrutar de la tranquilidad y las buenas condiciones laborales inherentes a este tipo de plazas y sumar dos nóminas que, aunque sean bajas individualmente, sí que garantizan una renta suficiente para soportar la hipoteca y las cargas propias de cualquier hogar.