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Los jueces de lo Penal de Sevilla se plantean establecer en unos 380 el tope de casos que podrán asumir a partir del próximo año. El colectivo entiende que este es el número de sentencias que pueden dictarse y ejecutarse dada la situación de sobrecarga de trabajo que padecen los juzgados. Además, reclaman la renovación del sistema mediante una Oficina Judicial que ya fue incluida en la Ley Orgánica 19/2003 y en cuya puesta en funcionamiento "todavía no se ha avanzado nada".

El asesinato de la pequeña Mari Luz Cortés a manos de Santiago del Valle, que debía estar en prisión por un delito anterior de abuso sobre su propia hija, ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre el funcionamiento de la Justicia y el colapso de casos que padecen los juzgados. Sevilla es un claro ejemplo de esta situación y los jueces ya han alertado sobre el "absoluto descontrol" de los juzgados por falta de medios. Los males endémicos podrían resumirse en la sobrecarga de trabajo, las deficientes instalaciones y la escasez de personal. Mientras la Ciudad de la Justicia continúa siendo sólo un proyecto sin proyecto, los archivos se amontonan en los pasillos de El Prado y los funcionarios no dan abasto. Ante esta situación, los principales actores del sistema judicial reclaman una renovación del modelo, que pasaría por la creación de la Oficina Judicial.

Este órgano común procesal liberaría de trabajo a los distintos juzgados, agilizando trámites y favoreciendo el flujo del sistema judicial en Sevilla, cuyo modelo obsoleto ya hace aguas. De este modo, los 13 juzgados penales de Sevilla se quedarían sólo para celebrar sus propios juicios y controlar sus propias sentencias, según la propuesta de los magistrados de lo Penal, uno de los cuales, Rafael Tirado, ha sido expedientado por no ordenar el ingreso en prisión de Santiago del Valle, asesino de la pequeña Mari Luz.

La Junta de Jueces considera necesaria la creación de al menos dos juzgados penales encargados de ejecutar las sentencias, o en su defecto, un servicio común encargado de este y otros menesteres, como la Oficina Judicial. Pero como todas las soluciones a los problemas, éste también requiere voluntad y pese a que esta renovación impulsada mediante la Oficina Judicial ya fue aprobada en el año 2003 mediante Ley Orgánica, este punto se ha quedado en aguas de borrajas y los jueces, lejos de haber mejorado su situación, han visto multiplicado su trabajo, como las sentencias de conformidad procedentes de los juzgados de instrucción, que han pasado de 400 entre mayo y julio del 2007 a 1.120 en el mismo periodo de este año. Una de las causas de este incremento ha sido la tipificación como delito penal de conducir sin carnet.

En referencia a la necesidad de la Oficina Judicial, el juez decano, Federico Jiménez Ballester, ha explicado que "durante la anterior legislatura se acordó la creación de estos departamentos a modo de servicio común procesal, tanto para la ordenación del procedimiento, como para la ejecución de sentencias, etc". A su juicio, la ausencia de esta herramienta "provoca que los juzgados, con un modelo agotado y un sistema de trabajo ya de por sí obsoleto, sigan así". A esta coyuntura se suma "la falta de cobertura de las plazas de funcionario vacantes, que en ocasiones son cubiertas por personal no cualificado".

Por otro lado, el juez decano ha corroborado, que durante la Junta de Jueces de lo Penal celebrada el pasado mes de abril "se estableció el compromiso y el acuerdo de limitar a unos 380 el número de entrada de asuntos en estos juzgados, entendiendo de forma orientativa que ese es el máximo de sentencias que podíamos asumir para controlar la ejecutoria". De momento, esta medida no se ha llevado a cabo "porque supondría la suspensión de procesos. Pero quizás comencemos a aplicarlo a partir del año que viene, salvo que se revoque o se mejore la situación actual".

Por su parte, la fiscal jefe de la Audiencia Provincial, María José Segarra, cree que lo que habría que hacer es "revisar la plantilla de jueces, haciendo un estudio serio con el fin de hacer una redistribución de la plantilla en función de la actividad que se ejerza en cada ámbito judicial. Por ejemplo, ahora que vamos a entrar en un período de crisis, se presupone que habrá más problemas económicos", y por tanto que habrá que reforzar los Juzgados de lo Social ya que tendrán mayor actividad.

Quien también ha dado su opinión acerca de la situación de sobrecarga de trabajo en los juzgados de Sevilla es el presidente del Foro Judicial Independiente, Conrado Gallardo, que piensa que "es una realidad que afecta a todos los juzgados de España. Creo que se debe a que la plantilla de jueces es insuficiente, la estructura judicial está anticuada y no se adapta a la realidad actual del país, podríamos calificarla como decimonónica".

A la hora de buscar un culpable, Gallardo señala a los diferentes gobiernos centrales, "que no han invertido ni un duro en Justicia", aunque también destacó que "los gobiernos autonómicos han ido asumiendo competencias judiciales y tampoco hacen el esfuerzo presupuestario necesario, en este caso la Junta de Andalucía".

El presidente del Colegio Nacional de Secretarios Judiciales, Antonio Dorado, también protesta por la ausencia de inversiones económicas, "dicen que no hay dinero, pero depende de para qué. Y mientras tanto, cuando pasa algo, culpan a una persona en concreto, y ya está". Dorado también reclama la puesta en marcha de la Oficina Judicial "nosotros nos limitamos a cumplir la ley, y si los legisladores quieren tipificar más delitos, como conducir sin carnet, tienen que poner a nuestra disposición los medios necesarios, como la Oficina Judicial, compuesta por varios secretarios judiciales y funcionarios, para repartir el trabajo, las cargas competenciales, que se encargue de los servicios comunes procesales, y que la ejecución de las sentencias no se corresponda con un juzgado, sino con un servicio común dividido en secciones para los distintos tipos de delitos".

En cuanto al ámbito económico, el presidente del Foro Judicial Independiente afirmó que "hay que destacar el hecho de que la Justicia genera muchísimo dinero, por ejemplo las multas penales y depósitos judiciales generan millones de euros que van no se sabe a dónde. Es decir, además de que no se invierte dinero en la Justicia, el que ésta genera tampoco le beneficia de forma directa".

Por su parte, el decano del Colegio de Abogados, José Joaquín Gallardo, sostiene que "los juzgados de Sevilla vienen padeciendo desde hace años una sobrecarga de asuntos manifiesta y que, a duras penas, se está logrando resolver". "Verdaderamente en estos últimos meses se está incrementando el número de casos que llega a lo órganos judiciales y los jueces están dictando más resoluciones, entra en los juzgados un número de casos imposibles de asumir por parte del órgano judicial", añadió. Además, para Gallardo es innegable que "la situación de crisis incrementa el numero de casos en el Juzgado de lo Social, en el Juzgado de lo Mercantil y en los Juzgados de lo Civil. Llueve sobre mojado, si ya llevamos soportando un gran carga de trabajo, la situación se ve agravada por la crisis que vive el país y los problemas que de la misma se derivan".

El decano del Colegio de Procuradores, Marcelo Lozano, considera que "no es cuento fantasioso, se trata de un problema real que puede comprobar cualquiera que se acerque a los juzgados. Aunque los profesionales son estupendos, lo cierto es que no tenemos buenas condiciones, ni medios, para realizar el trabajo que se nos encomienda". Y añadió que "si para que haya un rendimiento óptimo se presupone que nos deben entrar 1.000 casos anualmente y llegan 1.500, es materialmente imposible que, acabado el año, todos los casos estén resueltos". Aunque, por otra parte, se muestra esperanzado, ya que confía en que "con los expedientes electrónicos y otra serie de medidas que hemos solicitado, estos problemas a los que nos enfrentamos diariamente se reduzcan".