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El real decreto que el Gobierno está preparando para garantizar la intimidad de las mujeres que deciden abortar, garantizará que alrededor de 2.000 mujeres granadinas, que deciden abortar cada año, puedan ocultar sus datos personales y que su intimidad no pueda ser revelada ni mal utilizada. Un decreto que afecta a más de 100.000 mujeres en todo el país y a casi 18.000 en Andalucía.

Esta norma podría entrar en vigor antes de que finalice el año, con carácter retroactivo y que impedirá, salvo por orden judicial, desvelar la identidad de la mujer, protegida con un código secreto. Así lo han anunciado la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que estudió ayer este real decreto que afecta a varios ministerios (Sanidad, Justicia e Igualdad).

"Nadie, absolutamente nadie, puede entrometerse en la intimidad de las mujeres que deciden libremente interrumpir su embarazo", según de la Vega, quien ha advertido de que "hay cosas que en la realidad no están funcionando bien", y ha precisado además que no se tiene que añadir "escarnio público" a una mujer que, de por sí, ya afronta con sufrimiento una decisión "complicada, dolorosa y difícil". Aído, quien se reunirá con el sector de las clínicas en dos semanas para debatir sobre esta norma, actualmente en fase de proyecto, ha explicado que el decreto obligará a todos los centros que ofrezcan esta prestación, tanto públicos como privados, a separar el historial clínico de los datos personales de la mujer que decide interrumpir su gestación, y que serán confidenciales mediante un código secreto.

De esta forma, continuó, en el historial clínico de la paciente no figurará su nombre, ni ningún dato que pueda identificarla, sólo este código que le será entregado a la mujer al inicio de la prestación, y que podrá ser solicitado también por todas aquellas mujeres que interrumpieran el embarazo antes de la entrada en vigor de esta norma.

La vicepresidenta del Gobierno ha sido preguntada también sobre la ley del aborto y su posible modificación, y sobre ello ha dicho que se evaluará cómo está funcionando, y si se está "garantizando o vulnerando" la confidencialidad de los datos de las mujeres, y si la prestación se hace "con calidad y equidad" en todo el territorio.

Esta posible modificación, según de la Vega, debería recoger las mejores experiencias del entorno europeo en el ámbito de las leyes de plazos, a fin de ofrecer "más garantías, más seguridad a las mujeres y a los profesionales de la Sanidad", afirma la vicepresidenta del Gobierno.

El director de la Fundación Vida, Manuel Cruz, sentenció que el Real Decreto "es un fraude" destinado únicamente a "mantener vivo el debate sobre la interrupción del embarazo". Para la Fundación Vida, esta nueva iniciativa "no va a cambiar nada" ya que si un juez detecta un delito reclamará los datos de las mujeres y se le facilitarán, como ocurre actualmente. Por este motivo considera que este anuncio legal no es más que una fórmula electoralista y no necesaria.

Por su parte, la presidenta de la Federación de Asociaciones Pro Vida, Alicia Latorre, aseguró que el Real Decreto elaborado por el Gobierno para proteger la confidencialidad de las mujeres que abortan "es innecesario", porque "la legislación actual ya protege sus datos". En declaraciones a Europa Press, quiso dejar claro que las organizaciones que forman esta federación "no quieren que salgan a la luz los nombres de las mujeres que han abortado".

El coordinador general de la coalición Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, insistió en la necesidad de avanzar hacia una ley de plazos del aborto "sólida y creíble" y anunció su apoyo al Gobierno para todas las iniciativas que se activen con ese objetivo, pero no para aquellas que contribuyan a perpetuar la "insuficiente legislación actual" sobre la interrupción voluntaria del embarazo.