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La ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, y el consejero andaluz de la Presidencia, Gaspar Zarrías, presiden hoy en Cazorla (Jaén) la reunión de la Comisión Bilateral Estado-Junta de Andalucía en la que se firmará el acuerdo para el traspaso a la Comunidad autónoma de las competencias exclusivas sobre las aguas del río Guadalquivir que transcurren por su territorio, informaron fuentes del MAP y del Gobierno andaluz.

Esta transferencia es una de las principales prioridades de la Junta desde la aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía, cuyo artículo 51 establece que «la Comunidad Autónoma de Andalucía ostenta competencias exclusivas sobre las aguas de la Cuenca del Guadalquivir que transcurren por su territorio y no afectan a otra Comunidad Autónoma, sin perjuicio de la planificación general del ciclo hidrológico, de las normas básicas sobre protección del medio ambiente, de las obras públicas hidráulicas de interés general y de lo previsto en el artículo 149.1.22 de la Constitución».

Esta disposición del Estatuto andaluz fue recurrida ante el Tribunal Constitucional (TC) el pasado 5 de junio por la Junta de Extremadura, que estima que las competencias exclusivas de Andalucía sobre las aguas del Guadalquivir que discurren por su territorio «incumple» la Constitución.

Desde la Junta de Andalucía se ha manifestado en varias ocasiones que la transferencia de competencias exclusivas de las aguas del Guadalquivir que discurren por Andalucía se hará efectiva, previsiblemente, el día 1 de julio de 2008, a través de la publicación de un decreto.

La consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, explicó el pasado día 4 que la Junta ya ha pactado con el Estado seis puntos fundamentales para el acuerdo de traspaso como son los referentes a planificación hidrológica, usos concesionarios del agua, infraestructuras, inversiones, participación pública y dominio público, apuntando que todos ellos son aplicables fácilmente al resto de comunidades autónomas.

Respecto a la planificación hidrológica, Coves también indicó que ésta será aprobada por el Estado mediante una ley, -tal y como establece el artículo 149 de la Constitución-, si bien agregó que la Junta colaborará en dicha planificación. A su vez, la Administración autonómica asumirá íntegramente los usos concesionarios del agua y el dominio público. Las infraestructuras y las inversiones corresponderán a la Junta, -a excepción de aquellas de interés general o que ya hayan sido comprometidas por el Estado-.

Por otro lado, Coves recordó que la transferencia de competencias exclusivas de las aguas que discurren por el Guadalquivir, supondrá que la Junta no gestione los embalses de Fresneda y Montoro (situados en Castilla-La Mancha) y El Pintado (ubicado en Sevilla pero cuya cola se encuentra en Badajoz), que seguirán siendo gestionados por el Estado.

Una vez transferidas las competencias, el Gobierno andaluz gestionaría un total de 54 pantanos, mientras que el Estado sólo podrá intervenir en la gestión andaluza en casos de sequía, inundación o contaminación que supongan un peligro para la población.