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Han hecho falta nueve borradores, pero ya están hasta publicadas en una guía de apenas 60 páginas. Las nuevas Ordenanzas de Policía, Buen Gobierno y Convivencia, que sustituyen a las antiguas de 1969, serán aplicadas en Dos Hermanas a partir del 1 de enero pese a que llevan meses en vigor. Regulan acciones tan cotidianas como la de sacudir una alfombra en el balcón o lavar el automóvil en la calle, y actuaciones tan espinosas para la administración como la de acabar con los "gorrillas".

El texto definitivo —que contempla 28 artículos acordados con IU— recoge, según informó ayer el delegado de Policía Local, José Román, las alegaciones que hace ahora un año se presentaron cuando algunas de las prohibiciones pusieron el grito en el cielo entre la población nazarena y que atañen a las escenas más tradicionales de la vida diaria. Se veta (Art.29 del título tercero de la ordenanza "De la Policía de la Vía Pública"), "el tendido de ropa y otros objetos en las fachadas de los edificios con vistas a la vía pública", aunque ahora se añade la coletilla de "salvo aquellos inmuebles en que se acredite que no disponen de patios o azoteas".

El artículo impide a los vecinos sacudir alfombras, tapices, sábanas o cualquier ropa de uso doméstico en el balcón, puerta o ventana que miren a la vía pública. Sepan además que ya hay un horario para el riego de las plantas colgadas en los balcones con fachada a la calle. No podrá hacerlo antes de las once de la noche y después de las ocho de la mañana en invierno. En extensión, las macetas de las ventanas se deberán de colocar de manera estratégica para evitar que puedan caer a la vía pública. Las sanciones oscilarán entre los 300 y los 3.000 euros.

En cualquier caso, la polémica de regulación de los "gorrillas" queda abierta. Aunque a principios de año, las ordenanzas se aplicarán a todo los efectos, no queda demasiado claro qué pasará con estos aparcacoches ilegales. Los artículos al respecto sí son tajantes, y establecen penas que van desde los 300 euros, si la acción se vincula a los "actos de mendicidad" (Art. 59.4), hasta los 750 y 3.000 euros, según las disposiciones generales "De la policía de la vía pública" (Art. 9). Se prohíbe así, "la actividad de control o vigilancia particular de aparcamiento de vehículos en las vías y espacios públicos sin autorización del Ayuntamiento", mientras "las personas que realicen tareas de ayuda a los conductores con motivo de obras o de información sobre espacios libres para aparcamiento en la vía pública, deberán acreditarse previamente ante el Ayuntamiento a efectos de control administrativo".

Se frenan también las actividades "irregulares" de ordenación del tráfico y de los estacionamientos públicos "cuando obstruyan el tráfico peatonal o rodado o pongan en peligro la seguridad de las personas". Sin embargo, Román no concretó cómo se aplicará exactamente la normativa, salvo que se hará "con tacto", y sobre todo, qué pasará si, una vez multados, se declaran insolventes. Sí apostó por una mediación conjunta con la delegación de Bienestar Social al entender que, si bien "son un sector marginal, ante todo son personas".

Asunto peliagudo también las que afectan directamente a los llamados vigilantes del entorno. El equipo de Gobierno se ha cuidado de defender sus asignaciones y dice que podrá nombrar "otro tipo de personal" que, no perteneciendo a la plantilla de la Policía Local, pueda realizar tareas "que no sean de la competencia exclusiva de la misma por no implicar ejercicio de autoridad", tales como "supervisión de anomalías en el viario u ordenación de accesos a los centros docentes", entre otras.

Aunque Román aseguró ayer, que "ya no existe" tal figura, a la que se le ha cambiado el nombre —pasan a ser los responsables del Servicio de Información y notificación (SIN)—, en el Art. 8, aún se puede leer la nomenclatura de "vigilante del entorno". Dicen desde el grupo de Gobierno acatar las sentencias —el juez obligó al regidor nazareno, Francisco Toscano, a cesarlos por invasión de competencias policiales—, pero deja claro que no las comparte.