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Las pretensiones de la alcaldesa, Ángeles Muñoz, de dar una salida al millar de comercios que se encuentran en situación de ilegalidad en Marbella y San Pedro Alcántara se ha topado de bruces con las restricciones de la propia legalidad. La regidora presentó ayer el esperado informe técnico que permitirá desbloquear las situación de esos negocios, 700 de ellos con expedientes para la solicitud de permisos abiertos en el Ayuntamiento desde hace meses y aún sin resolver aunque se calcula que esa tesitura rozan el millar.

La primera conclusión, reflejada claramente sobre el papel, es que será imposible regularizar a la mitad de esos 700 establecimientos, exactamente en los casos en que las edificaciones ocupen viales públicos, zonas verdes o equipamientos. Tendrán que esperar por tanto a la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana, "que en un porcentaje muy grande los normalizará", avanzó.

Más margen de maniobra habrá para los 350 establecimientos restantes, aunque tendrán que pasar una segunda criba. Sólo se les otorgará la autorización para que puedan desarrollar su actividad si no existe ningún procedimiento judicial abierto y si el uso que se le da está permitido en el planeamiento. Si no cumple alguno de estos dos parámetros, tampoco podrá acceder a la licencia de apertura.

Matizó en este punto que si han pasado cuatro años y no hay impugnación de la licencia, el delito habría prescrito. "No se le dará salida a todos los negocios que nos gustaría pero sí al número que legalmente a este Ayuntamiento se les permite conceder", dijo Muñoz, durante la presentación del informe, suscrito por Manuel Velasco, jefe de servicios de Personal y Asuntos Generales, y Jesús Escamilla, jefe de servicios de la Tenencia de Alcaldía de San Pedro Alcántara .

"Si le diéramos salida a cinco estaríamos de acuerdo", añadió Alicia Jiménez, concejala delegada de Industria, Comercio y Vía Pública. La alcaldesa recordó, además, que este asunto "preocupaba" al equipo de gobierno pero que tenía un encaje "complicado" por las repercusiones jurídicas que podía acarrear. "Se debe revisar caso por caso y así lo haremos", avanzó la primer edil. Se pondrán manos a la obra desde ya, empezando por los expedientes más antiguos.

En todos los negocios factibles de ser regularizados, advirtió de que los propietarios deberán renunciar por escrito a incluir en una futura reclamación patrimonial, en el caso de que derivase de las actuaciones que el Ayuntamiento pudiera emprender dada la situación urbanística de los edificios, el incremento del valor derivado de las obras de reforma para la apertura de los establecimientos.

Sobre futuras compensaciones para regularizar la situación de los inmuebles en términos urbanísticos, no de actividad, apuntó que se valorará en el Plan y recordó que el criterio del equipo de gobierno es "bajarlas". "Se tratará de rebajar el porcentaje de las compensaciones para que no se vean afectados terceros de buena fe", añadió, en línea con el criterio defendido desde que el PP se hiciera con el gobierno local.

Desde la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de Marbella y San Pedro Alcántara (Apymem) animaron por su parte ayer al equipo de gobierno a "ser valientes" y a que tome una "decisión global y evitar en lo posible que este asunto, que representa un grave problema para muchas familias, se convierta en partidista". Recordaron que desde el colectivo se encargó un estudio sobre la situación "y hay instrumentos jurídicos que lo permiten".