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Siete años y doce días después de que José Antonio L.C. se presentase en el juzgado número dos de Martos para confesar que había cometido un desfalco millonario en la Cooperativa Domingo Solís de Martos, donde trabajaba de contable, las supuestas responsabilidades penales del escándalo se dirimen en la Audiencia Provincial de Jaén, que juzga mañana a José Antonio y a tres responsables más de las cuentas de la cooperativa que debieron darse cuenta que en seis años les habían birlado 2,5 millones de euros pero que, según el Fiscal, incurrieron en "abandono de sus obligaciones" y lo permitieron. A José Antonio le piden quince años de cárcel, y a los tres otros colaboradores necesarios por omisión cuatro para cada uno.

José Antonio L.C. trabajó de administrativo en la cooperativa con funciones de contabilidad y disposición de fondos bajo la dirección del consejo rector entre 1994 y 2001. La cooperativa -como otras muchas- disponía de una sección de crédito. Esa sección expedía cheques nominativos para los socios que lo solicitaban. Cheques que debían tener tres firmas: dos de miembros del consejo rector y la del administrativo. Pero, según el Fiscal, en la práctica los cheques se guardaban en la caja fuerte firmados por dos miembros del consejo y en blanco. Durante varios años, según las acusaciones, José Antonio rellenó estos cheques a nombre de su esposa y otros familiares (sin conocimiento de éstos) "aprovechándose de la situación irregular" propiciada por el "abandono de funciones" de los rectores. De esta forma obtuvo grandes cantidades sin que quedasen registrados en las libretas de ahorro de sus familiares ni en asientos contables, apropiándose del dinero de los cooperativistas.

José O.M fue contable de la cooperativa entre 1994 y 1998 y "no cumplió" con sus obligaciones de control de los fondos y los movimientos económicos, por lo que se le piden cuatro años de cárcel. José Antonio L.M y Antonio de T.M. eran miembros de la junta rectora. Durante años no se enteraron de las maquinaciones de su administrativo, por lo que también se enfrentan a cuatro años de prisión.

El escándalo

El 18 de mayo de 2000 un grupo de socios descontentos con la gestión del consejo rector se hace con las riendas de la cooperativa en una junta general. La primera medida es encargar una auditoría. "A los pocos días se descubrió que las cuentas no cuadraban y que había importantes cantidades sin justificar", dice la cooperativa, que se presenta al juicio como acusación particular.

La cooperativa reaccionó y consiguió hipotecarle a José Antonio L.M todos los bienes que tenía a su nombre y al de su esposa. Fue entonces cuando, ya descubierto, se fue al juzgado y confesó lo que había hecho. Entrará al juicio declarándose culpable de un delito de apropiación indebida y aceptando una pequeña condena, con las atenuantes de confesión, reparación del daño (ha devuelto parte) y por dilación injustificada de la acción de la Justicia, que ha tardado siete años y catorce días en llevar este caso ante un tribunal que dirima responsabilidades.