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El Pacto por la Vivienda en Andalucía es una de las iniciativas político-económico-sociales más ambiciosas puestas en marcha desde hace mucho tiempo en la comunidad. Así lo reconoció el propio presidente de la Junta, Manuel Chaves, durante el acto de presentación del proyecto, el pasado 13 de diciembre. El objetivo, construir 21.900 viviendas de protección oficial (VPO) en Jaén para lograr dos metas: que todos los excluidos del mercado inmobiliario tuvieran la oportunidad de comprarse una casa, pagando para ello una cifra que no superase el 30 por ciento de los ingresos brutos de los hogares; e insuflar un poco de aire fresco al alicaído negocio del "ladrillo", que aporta el 12 por ciento del Producto Interior Bruto de la Provincia y que a finales de 2007 daba empleo a 34.200 jienenses. El primer objetivo parece factible, pero el segundo es mucho más complicado.

Y es que a los promotores de Jaén (y a los del resto de Andalucía) no les salen las cuentas. Con los actuales precios máximos de la VPO, que varían entre los 1.394 euros por metro cuadrado de Jaén capital y Linares y los 1.213 euros del resto, los márgenes de beneficios son en muchos casos inasumibles, teniendo en cuenta el nivel de riesgo que se asume desde que se pone el primer ladrillo hasta que se coloca la última teja.

Los números son los siguientes. El 15 por ciento del coste final de un piso corresponde a la repercusión del suelo. A este porcentaje habría que añadir otro 20 por ciento de papeleo (proyectos, permisos, financiaciones...). Estos dos capítulos ya supondrían, por tanto, el 35 por ciento. Y ahora queda la parte del león, o lo que es lo mismo el gasto de construcción propiamente dicho. Aquí es donde se producen los desequilibrios. Con la antigua Norma Básica de Edificación (NBE) el metro cuadrado salía por unos 600 euros, pero con el nuevo Código Técnico de Edificación (CTE) estos 600 euros se convierten en 720. Esto significa un 52 por ciento de la factura final.

Conclusión, el que pone el dinero se embolsaría, teóricamente, un 13 por ciento. ¿Poco o mucho? Para las administraciones, suficiente; para los que arriesgan el capital, poco si tenemos en cuenta que normalmente surgen imprevistos y que las previsiones económicas iniciales rara vez se cumplen al ciento por ciento.

Para el presidente de la Federación de Constructores de Jaén, Leonardo Cruz, el Pacto por la Vivienda es interesante tanto en el fondo como en la forma, «pero todavía es necesario atar flecos y que las diferentes mesas de estudio, que se están reuniendo en estos momentos, hagan los retoques técnicos oportunos para satisfacer las necesidades de todas las partes». Así, según Leonardo Cruz, resulta difícil de entender que el metro cuadrado se cotice en Jaén a 1.394 euros y que en localidades limítrofes, situadas en el área metropolitana, esta cantidad disminuya hasta los 1.213 euros, un 15 por ciento menos. «Hemos de esperar a que tome posesión el nuevo Gobierno andaluz y que mantenga el talante que le llevó a modificar el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA)», señala el dirigente de la patronal.

¿Cómo se fija el valor de una VPO? Las cantidades varían de año a año en función del Índice de Precios de Consumo. El Gobierno fija a comienzos de cada ejercicio el "precio básico nacional" para un metro cuadrado. Para este 2008 se han estipulado 758 euros (un 4,12 por ciento más que en 2007). Posteriormente esta cantidad debe multiplicarse por un coeficiente del 1,6 más un porcentaje, que varía en función de la renta de cada localidad. Las del Grupo A deberían multiplicar por el 60 por ciento; las del B por el 30 por ciento; y las del C por el 15 por ciento. Por debajo hay otras dos categorías en las que sólo habría que aplicar el coeficiente (1,6).

Jaén no tiene ningún enclave A ó B. Es más, en Andalucía no hay nadie con esta catalogación. Ni tan siquiera Málaga o Sevilla. Sí se registra, sin embargo, un total de 41 poblaciones de Andalucía con la clasificación C, entre las que tan sólo se hallarían Jaén y Linares. La Federación Andaluza de Promotores Inmobiliarios (Fadeco) ya ha pedido a la Junta que presione al Ministerio de la Vivienda para que se incluya alguna localidad de la región en el listado de los A o los B, lo que permitiría apreciar los módulos de VPO en las ciudades de más de 100.000 habitantes.