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La tramitación y posterior aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella sigue estando en el punto de mira. Con los plazos a los que se ha comprometido el pleno del Ayuntamiento sobre la mesa -en julio, para la aprobación provisional, y antes de que termine 2008, para la definitiva-, la Consejería andaluza de Vivienda y Ordenación del Territorio tiene previsto crear un equipo técnico específico para sacar adelante el nuevo documento urbanístico en el menor tiempo posible. Así lo avanza el consejero del ramo Juan Espadas, tras la reunión que mantuvo con la alcaldesa Ángeles Muñoz con el urbanismo como eje central.

Ambos dirigentes manifiestan su intención de priorizar la aprobación del Plan General para que la ciudad retorne a la senda de la legalidad urbanística, pese a que, según admitió la regidora marbellí, existen criterios "no coincidentes" en cuanto a algunas soluciones que se deben plasmar en el texto, en referencia al sistema de compensaciones que propone el documento para regularizar 18.000 viviendas ilegales y que la regidora marbellí piensa modificar para amparar a los terceros de buena fe y, también a las 14 edificaciones que quedarían fuera de ordenación, al ser incompatibles con el modelo de ciudad contemplado en el documento.

De forma paralela a la tramitación del nuevo Plan General, la Junta y el Ayuntamiento han acordado establecer un plan de acción para analizar conjuntamente toda la complejidad jurídica del documento y solventar los distintos problemas urbanísticos que se presenten. Se trata, en palabras del consejero andaluz de la Vivienda y Ordenación del Territorio, de examinar con lupa cada situación para dar una respuesta coherente con el nuevo PGOU, aunando criterios entre ambas administraciones. Además de las cuestiones de legalidad urbanística, esta mesa de trabajo abordará el proyecto de construcción de Viviendas de Protección Oficial -mediante la puesta a disposición de suelo adecuado para atender las más de 12.000 solicitudes existentes en la ciudad- y la rehabilitación de inmuebles sociales.

La primera reunión entre técnicos de ambas administraciones tendrá lugar en los próximos días. En ésta, se definirá el citado plan de trabajo. En el encuentro de ayer entre Espadas y Muñoz también se trató la polémica surgida meses atrás por la negativa del equipo de gobierno municipal a revisar de oficio -y por tanto, a suspenderlas- las licencias urbanísticas ilegales, concedidas en su mayor parte por los gobiernos gilistas, a la espera de un PGOU definitivo.

El consejero andaluz de Vivienda y Ordenación del Territorio ha tendido la mano a la administración local para acordar conjuntamente en qué actuaciones es posible ya iniciar los expedientes de revisión de oficio, sin hipotecar el nuevo Plan General, esto es, siempre que sea coherente con el diseño que éste establece.

En estos supuestos, el Gobierno andaluz aboga, según avanza Espadas, por revisar de oficio aquellas licencias en que se detecte que no hay viabilidad de futuro y sean actuaciones "sin incidencia y no generen un problema para los ciudadanos ni para determinados promotores, porque sean actuaciones iniciadas en suelo no adecuado para ello y sean edificios que no estén consolidados", abundó el titular de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio.

Tras esta primera toma de contacto, la alcaldesa de Marbella se muestra convencida de que, atendiendo al interés general, el nuevo PGOU saldrá por consenso en este año. Desde la Consejería andaluza de Vivienda y Ordenación del Territorio, coincidieron en señalar que "esta legislatura será la del Plan de Marbella, que se aprobará dentro de un marco jurídico claro y seguro", agrega el responsable de este ramo.