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La Fiscalía, el PP como acusación particular y la defensa de Juan Antonio Roca volvieron a verse las caras en la Audiencia Nacional, en esta ocasión para revisar la fianza de tres millones de euros que mantiene en prisión provisional desde el 23 de abril al ex asesor urbanístico por el "caso Saqueo I". La vista, que se celebró a puerta cerrada a partir de las 12.30 horas, no deparó sorpresas. Las tres partes implicadas ratificaron su postura inicial; la Fiscalía y el PP solicitaron que se mantenga los tres millones de fianza; la defensa de Roca pidió que se revoque. Unos y otros esgrimieron nuevamente los mismos argumentos.

El fiscal se volvió a apoyar en la "gravedad" de los hechos, los procedimientos que pesan sobre Roca (más de 44 aún), el "elevado riesgo de fuga" y la posible existencia de dinero en paraísos fiscales. El PP se adhirió a la petición fiscal recordando el interés del Ayuntamiento en mantener a Roca entre rejas para asegurarse la devolución del dinero esquilmado de las arcas municipales.

Por su parte, José Aníbal Álvarez, abogado defensor de Roca, ha solicitado la libertad para su cliente, argumentando que el procedimiento ha sufrido dilaciones indebidas -data de 2001- y alegando vulneración del principio acusatorio por parte del PP que, según sus palabras, "se ha limitado a adherirse a la petición fiscal sin presentar escrito de acusación". Álvarez, que considera "desproporcionada" la fianza, insistió en el arraigo familiar de Roca, la falta de pruebas que demuestren la existencia de cuentas en paraísos fiscales y el hecho de que podría haberse fugado y no lo hizo cuando salió de prisión por el "caso Malaya". La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se pronunciará al respecto en los próximos días.

Roca se enfrenta a diez años de prisión por el presunto desvío entre 1991 y 1995 de 26,7 millones de euros del Ayuntamiento de Marbella a empresas privadas. El juicio podría celebrarse el próximo mes de noviembre según apuntaron fuentes del caso.