Noticias Ya.com

Un ginecólogo cordobés se enfrenta a dos años de prisión por un supuesto delito de homicidio por imprudencia contra un recién nacido que murió, a los pocos meses del parto, en el Hospital Reina Sofía de Córdoba en 26 de mayo de 2004.

El acusado es especialista en obstetricia y ginecología perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS), adscrito a un ambulatorio de la capital cordobesa. Según la calificación del Ministerio Público, en enero de 1995 la mujer ingresó en el servicio de tocología del Hospital Reina Sofía de Córdoba con un embarazo a término, produciéndose el parto de un varón de grupo sanguíneo A+, mientras que la madre es A negativo.

Por este motivo, se hizo un test de Coombs, -para detectar posibles anomalías- que dio positivo, ya que había existido un contacto de la sangre fetal con la sangre materna, que supone la "isoinmunización" de la madre. La isoinmunización es una enfermedad hemolítica que aparece cuando existe una falta de compatibilidad entre la sangre de la madre y la de su feto, pudiendo ser mortal.

Este mismo resultado volvió a darse posteriormente en noviembre y diciembre de 2003 cuando la mujer quedó de nuevo embarazada, quien acudió a revisión con el acusado hasta en cinco ocasiones, hasta que el 26 de mayo de 2004 la embarazada acudió al servicio de urgencias del Hospital Reina Sofía, donde se procedió a la inducción del parto, dando lugar al nacimiento de un varón que presentó un cuadro de shock por anemia hemolítica.

El bebé fue ingresado en la unidad de neonatología hasta que el día 7 de agosto de 2004 se produjo su fallecimiento. Según el escrito del fiscal, "desde el 23 de diciembre de 2003 no se volvió a practicar ningún nuevo test de Coombs ni ninguna otra prueba para la confección del historial del embarazo, ni ningún tratamiento para evitar la muerte del feto".

El fiscal señala que tampoco se derivó el embarazo al Departamento Especializado de Embarazos de Alto Riesgo del Hospital Reina Sofía y no se realizaron los controles y pruebas complementarias recomendadas. Por tales hechos, el Ministerio Público considera responsable criminalmente al acusado, y responsable civil subsidiario al Servicio Andaluz de Salud, y a las compañías aseguradoras AMA y Zurich. El fiscal solicita, además de la pena de privación de libertad, tres años de inhabilitación para el ejercicio de profesión médica, así como inhabilitación del derecho de sufragio por el tiempo de condena.