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Las sentencias firmes emitidas por los tribunales que anulan licencias urbanísticas concedidas ilegalmente durante la etapa del GIL salpican a más de un millar de viviendas, según documentación a la que ha tenido acceso este periódico. La inmensa mayoría quedarán legalizadas en el nuevo PGOU si se acogen al sistema de compensaciones. Se trata de circunstancias no relacionadas y que teóricamente transcurren por vías separadas, ya que a las resoluciones judiciales ya adoptadas no les cabría otra salida que su ejecución, independientemente de la situación de los inmuebles en la nueva ordenación urbanística.

La Junta de Andalucía, denunciante en la mayoría de estos casos, ha solicitado que se ejecuten al menos 38 de estas sentencias. Sin embargo, el Ayuntamiento tiene previsto aludir al Plan General para evitar la materialización de estas resoluciones judiciales, que en la mayoría de los casos implicaría el derribo de los edificios ya que lo que se ordena es la restitución de la legalidad existente con anterioridad a la infracción cometida.

Entre las promociones afectadas por esta situación se encuentran algunas de las más emblemáticas del voraz modelo urbanístico del "gilismo", como es el caso del edificio Belmonsa, en pleno centro de Marbella, las 122 viviendas construidas por Obarinsa en el Polígono La Ermita o los 89 apartamentos de Laelco en la zona de Guadalpín Norte. Se da la circunstancia además de que detrás de muchas de estas construcciones se encuentran empresas de constructores imputados en el "caso Malaya", como algunas filiales de Ávila Roja o Aifos.

Precisamente este acomodo de las viviendas ilegales en el nuevo Plan General, cuya aprobación se prevé en el próximo verano, será uno de los argumentos que trasladará la alcaldesa de la ciudad, Ángeles Muñoz, al TSJA, para evitar los posibles derribos de inmuebles que ordenen los magistrados. La regidora de la ciudad ha declarado a este periódico que el equipo de gobierno enviará un escrito al alto tribunal andaluz "con la postura que mantiene el Ayuntamiento de Marbella y la imposibilidad de ejecutar algunas de estas sentencias". Recordar que la respuesta de la alcaldesa es idéntica a la que entoces transmitió la comisión gestora que estuvo al frente del Consistorio durante más de un año. "Hay que esperar a la aprobación del PGOU para conocer la situación en la que se encuentran las construcciones ilegales", ha destacado Muñoz a este periódico.

La nueva reclamación de la Junta al TSJA tiene una serie de precedentes, puesto que en tres ocasiones anteriores el alto tribunal andaluz ordenó al Ayuntamiento que restituyese la realidad física de los terrenos afectados por otras tantas licencias anuladas en los tribunales. La alcaldesa de Marbella también ha criticado la postura del presidente de la Junta, Manuel Chaves, a quien le comunicó durante la reunión que mantuvo con él en Sevilla que el Ayuntamiento "iba a esperar a ver cómo quedaba el plan general antes de proceder a determinadas actuaciones". "Es más, Chaves nos dio la razón y entendió lo que estábamos planteando", añade Muñoz.

Por otra parte, Muñoz ha respondido a la denuncia que ha interpuesto Ecologistas en Acción al actual equipo de gobierno por supuesta prevaricación administrativa al no revisar de oficio las licencias ilegales otorgadas por los equipos de gobierno gilistas y postgilistas "a pesar de conocer la ilegalidad de las mismas". La regidora recordó además al grupo ecologista que las licencias "fueron otorgadas por otros equipos de gobierno y en ese momento la Junta de Andalucía no evitó su ejecución".