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Seguir cuidando a la persona dependiente y recibir una prestación económica por ello. Es la opción por la que se decanta la mitad de los malagueños que han solicitado acogerse a la Ley de Dependencia y que se encuentran en el punto del proceso en el que se debe acordar el recurso al que finalmente tendrán derecho.

Así lo afirma la delegada de Bienestar Social de la Junta de Andalucía, Amparo Bilbao, que informa además de que en este momento hay 1.500 personas con grave dependencia que ya disponen del recurso acordado a través del Plan Individual de Atención contemplado en el proceso de la nueva ley. La cifra se eleva a 10.000 en el caso de la Comunidad autónoma andaluza.

Para medio centenar de ellos, el sueldo por cuidar de su familiar enfermo ya es un hecho, al haber recibido la primera nómina que les garantiza unos ingresos mensuales como "cuidadores informales", término aplicado por la ley para estos casos.

Durante años, que en algunos casos ya superan la década, se han dedicado a ello sin que nadie les reconociera el trabajo. Ahora, aunque las cuantías no están a la altura del esfuerzo, al menos obtienen unos ingresos mensuales que oscilan entre los 480 y los 350 euros. La delegada indicó además que ya ha firmado otras ochenta nóminas, que serán ingresadas en breve, y que en todos los casos tienen carácter retroactivo. Así, este primer sueldo incluye las partidas correspondientes a todos los meses transcurridos desde que el cuidador informal realizó la solicitud: "Por poner un ejemplo, recuerdo un caso en el que esta primera nómina ha sido de 3.700 euros, ya que la solicitud se realizó en mayo".

Estas personas, reconocidas ahora oficialmente como cuidadores, han superado un largo proceso, que incluyó una visita al hogar y un amplio cuestionario tendente a determinar el grado de dependencia de la persona que tenían a su cargo. Una vez determinado que efectivamente se trataba de un gran dependiente, un trabajador social giró una segunda visita y acordó con ellos que, dadas las circunstancias, la mejor fórmula era que siguieran ocupándose del enfermo, esta vez, cobrando. Además, en el caso de que este cuidador informal estuviera en paro, el Gobierno asume el pago de las cuotas a la Seguridad Social, por lo que empieza a cotizar por este trabajo. En el caso de que la persona tenga trabajo, puede seguir compatibilizándolo con su labor como cuidadora, y percibir igualmente la prestación.

En algunos casos puede ocurrir que la persona perciba esta ayuda económica con el fin de contratar por su cuenta el servicio de asistencia a domicilio. Ocurre así cuando en sus localidades no existe tal oferta por parte de la administración pública.

Desde la entrada en vigor de la ley, se han presentado en la provincia de Málaga 12.000 solicitudes para acogerse a la misma. En estos momentos 6.500 personas tienen ya valorado el grado de dependencia, aunque son los más graves los que primero reciben el recurso, que se acuerda a través del Plan Individual de Atención (PIA), que deben realizar los servicios sociales comunitarios de las diferentes localidades.

Además del cuidador informal, existe un abanico de recursos entre los que optar. Así se puede llegar al acuerdo de que la persona con grave dependencia reciba asistencia domiciliara, que le garantizaría entre 55 y 90 horas mensuales, según la gravedad. La empresa que preste este servicio debe estar dada de alta en un registro puesto en marcha por la Junta de Andalucía y cumplir los requisitos recogidos en la ley.