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El "caso Torreblanca", uno de los más importantes que han salpicado a la Policía Local en los últimos tiempos, provocó ayer el cese -aunque "temporal", hasta que se aclaren los hechos- del jefe del Cuerpo. Su renuncia, enviada por carta a la alcaldesa, Rosa Aguilar, se produce tras detectar la investigación ordenada por el Ayuntamiento supuestos delitos que están relacionados con las denuncias por la construcción de casas ilegales por parte de una pareja de efectivos locales destinados a la inspección urbanística y por uno de los escoltas de la alcaldesa, Rosa Aguilar. El expediente de información reservada será remitido hoy al fiscal de Córdoba, José Antonio Martín-Caro, fue anunciado por el concejal de Seguridad, José Joaquín Cuadra, el mismo día (13 de enero) en que este periódico reveló que miembros del servicio de seguridad local se habían levantado viviendas sin permiso en la parcelación de Torreblanca, sin que hasta ese momento pesara sobre ellos ningún expediente por la infracción urbanística ni la multa correspondiente, como le sucede a cualquier ciudadano que hace sin permiso una obra irregular en un núcleo pendiente de desarrollo legal.

La propia regidora, que compareció en una rueda "urgente" ante los periodistas flanqueada por Cuadra y la teniente de alcalde de Personal, la socialista Victoria Fernández, informó de las conclusiones de las diligencias informativas instruidas por la secretaria general de la Corporación, que advierte de "indicios que pudieran tener trascendencia penal", según aseveró sin concretar qué delitos son apelando a la Ley de Protección de Datos. Como la Ley de Enjuciamiento Criminal obliga a cualquier funcionario a trasladar los posibles delitos al fiscal, el informe le será remitido en su totalidad al considerar que están "interconectadas" las actuaciones de los cinco agentes que se han visto envueltos en el caso, que son identificados por el número que se le asignó al licenciarse para preservar su anonimato. Entre ellos están algunos mandos intermedios del Cuerpo, extremo que no quiso confirmar Aguilar alegando que no debe de "extrañar" que así fuera. No obstante, sí reveló que ha aceptado el cese que le "ha solicitado temporalmente" el jefe de la Policía, quien será destinado a otro puesto del Consistorio. Éste defendió -relató la regidora- que "tiene la conciencia tranquila y no tiene responsabilidad penal ni administrativa en estos hechos".

Con independencia de que se abran o no diligencias judiciales, la Junta de Gobierno Local acordará hoy abrir siete expedientes disciplinarios a un total de cinco agentes. Si bien, según su versión del informe de la instrucción, sólo cuatro de ellos podrían haber incurrido en hechos con repercusión penal. No obstante, a la vez que se incoan los expedientes se aprueba la suspensión cautelar de los mismos hasta que el fiscal concluya sus pesquisas. Con antelación desde el ámbito administrativo la Gerencia de Urbanismo impuso sanciones a los agentes que se hicieron los inmuebles sin permiso. Aguilar aclaró que los delitos "no se refieren" específicamente a las obras ilegales. No obstante, por primera vez destacó que la multa impuesta tiene el "grado máximo" porque quienes han infringido la ley son efectivos municipales. Puntualizó que el "procedimiento es exactamente igual que el de otro ciudadano", pero no así el castigo que se impone. Cabe recordar que Aguilar señaló el 17 de enero, a preguntas de ABC, que la situación de sus agentes le parecía "igual de grave" que cuando incurre en ella "cualquier ciudadano".