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El grupo popular en el Ayuntamiento mueve ficha en medio del caos político en el que los socios de Gobierno de IU y PSOE han sumido a la ciudad tras sus más que manifiestas diferencias. Los populares, la lista más votada en los pasados comicios, hacen realidad lo que habían anunciado con la boca pequeña meses atrás: Se querellan contra la alcaldesa, Carmen Peñalver. Y no por asuntos relacionados con los embargos (algo en lo que también trabajan), sino por no haber convocado plenos ordinarios en cuatro meses. El último fue el del 28 de diciembre, famoso por sus continuas alusiones al Día de los Inocentes. Desde entonces, los concejales del Gobierno local y de la oposición sólo se han sentado en el salón presidencial del Consistorio para celebrar plenos extraordinarios relacionados con el pago a proveedores y con otros asuntos secundarios.

Ayer, el ex alcalde y portavoz de los populares, Miguel Sánchez de Alcázar, compareció en rueda de prensa junto a su inseparable en los últimos meses Miguel Segovia y al edil afín a la sede de San Clemente, Miguel Ángel García Anguita. El mensaje tripartito de los tres "migueles" fue común: El grupo mayoritario en la oposición ha presentado una querella contra la alcaldesa, Carmen Peñalver (PSOE), por prevaricación, por omisión y por vulneración de derechos fundamentales, después de que hayan pasado cuatro meses sin convocar plenos ordinarios.

Sánchez de Alcázar, criticado durante sus años de mandato por algunos retrasos en las convocatorias de pleno, dijo ayer que Peñalver incumple el Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Ayuntamientos, que establece la obligación de celebrar una sesión ordinaria al mes en municipios de más de 20.000 habitantes.

La querella, según indicó el concejal Segovia, se encuentra "muy bien" fundamentada y se sostiene a través de una jurisprudencia "contundente" del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, que han dictado sentencias que conllevan la inhabilitación del cargo público. Es lo que exige la oposición, quien indica que la falta de convocatoria de plenos le impide establecer su labor. "No nos han dejado presentar mociones, ni debatir sobre cuestiones que son fundamentales para la ciudad", apunta Segovia, quien recuerda que hay otros alcaldes, algunos de la provincia, que han sido inhabilitados en su cargo por el retraso en la celebración de plenos.

El viceportavoz del PP, insiste en que los hechos que detallan en la querella suponen una vulneración de los derechos fundamentales contenidos en el artículo 23 de la Constitución referente a la participación ciudadana y de los artículos del Código Penal 542 y el 404, que hablan de esa participación y de prevaricación, respectivamente. El viceportavoz aclara que ir a los tribunales no es el "estilo de política" del PP, pero indica que su partido "llegará hasta donde tenga que llegar vista la situación".

Tras conocer la noticia de la querella, Carmen Peñalver califica como "mal estilo político" la decisión del PP y justifica que en 2008 no cumplió con la normativa por la celebración de las elecciones generales y autonómicas. "Vamos a seguir cumpliendo con la obligación", apostilla tras recordar cómo el PP también protagonizó durante años retrasos en la convocatoria de plenos. El primer teniente de alcalde, José Luis Cano (IU), a quien la medida judicial también cogió por sorpresa, aludió igualmente a las elecciones nacionales y autonómicas como la causa de los retrasos de los plenos.