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"Chica extranjera de 25 años busca hombre español para matrimonio de conveniencia. Ofrezco 4.000 euros a cambio, pero no quiero establecer relación de pareja alguna. Interesados escribir a este correo electrónico." No es difícil toparse con un reclamo de estas características en cientos de páginas web de anuncios gratuitos. Las bodas donde el pacto no es de amor sino de dinero a cambio de la posibilidad de obtener la nacionalidad española no son una excepción. Y mucha gente se presta a este fraude para añadir ceros a su cuenta corriente.

El fenómeno, en toda España, es creciente. A mayor población de extranjeros o inmigrantes, más posibilidades de que aparezcan estos casos. Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el primer trimestre de 2008, la Justicia evitó 129 matrimonios de conveniencia, también llamados "blancos"; 43 cada mes. Aunque la encuesta realizada a nivel nacional ofrecía otra cifra mucho más esclarecedora de la situación: 16.013 inmigrantes casados con cónyuges españoles no conviven.

El motivo de que esta alternativa sea elegida por muchos de los que desean regularizar su situación es sencillo: el matrimonio con un español es la vía más rápida para obtener la nacionalidad y, luego, la residencia. El plazo para solicitarla es sólo un año después de la boda. Hace dos años se tomaron medidas legislativas para intentar frenar este tipo de fraudes. Entre otras, una instrucción dictada en enero de 2006 daba potestad a los funcionarios de los registros civiles para someter a los contrayentes a "exámenes de hechos objetivos", es decir, una entrevista personalizada para detectar este tipo de casos fraudulentos.

En Granada la sospecha de un posible matrimonio de conveniencia lleva ante el juez titular de este servicio a una media de 30 parejas cada mes; alrededor de 300 cada año. Resulta materialmente imposible "investigar" los cientos de expedientes de matrimonio que recibe el Registro Civil cada año. Por ello, existe una serie de criterios que se aplican en la mayoría de los casos para "cribar" a las parejas y citarlas para la entrevista con el juez antes de dar el visto bueno al expediente de matrimonio.

Estos factores son fundamentalmente la diferencia de edad muy acusada o el hecho de que uno de los futuros contrayentes sea extranjero. "En parejas de la misma nacionalidad, con el mismo lugar de residencia y sin acusadas diferencias de edad es difícil encontrar el beneficio que obtuvieran con una boda. Quizá en algún caso, pero muy remoto y aislado, asuntos de tipo económico. Pero esto apenas se dan", apuntan las fuentes judiciales consultadas en el Registro Civil granadino. En cuanto a la nacionalidad de los que se someten a este trámite, desde el Registro Civil de Granada se apunta que el panorama es "de lo más variopinto". Desde africanos, hasta ciudadanos de países del Este, marroquíes y suramericanos.

En las entrevistas el juez realiza pregunta sobre la vida de uno y de otro, de sus familiares, los nombres, datos de los domicilios, sobre hábitos personales de cada uno, el modo en el que se conocieron, etcétera. En estos casos, el juez es quien valora si existe o no un fraude detrás del matrimonio y, además de los datos objetivos, también la labor tiene mucho de psicología. Ésta no es necesaria, eso sí, en casos muy evidentes. En estas entrevistas el juez responsable se ha podido topar con parejas que no hablaban el mismo idioma si quiera, con personas que desconocían los nombres de los familiares de su futura mujer, o si los tenía y cuántos.

Quienes lo intentan y no lo consiguen no arriesgan nada. No está tipificado como delito en nuestro Código Penal intentar casarse por conveniencia. Cosa diferente es organizarse para promover este tipo de bodas a cambio de dinero y, de este modo, auspiciar de algún modo la inmigración ilegal y el abuso al más débil: el extranjero necesitado que tiene que desembolsar cantidades que oscilan entre los 5.000 y los 10.000 euros. El resultado de estas entrevistas no es siempre el hallazgo de un caso claro de matrimonio de conveniencia. Más bien, sucede lo contrario. A falta de una cifra oficial, desde el Registro Civil de Granada se calcula que aproximadamente el 5 por ciento de los casos se les deniega el permiso para contraer matrimonio al existir datos evidentes de fraude.