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Los presuntos capos de la mafia de Tambov, la Tambovskaya, detenidos el pasado viernes en el marco de la "operación Troika" en Madrid, Mallorca, Alicante y la Costa del Sol, se establecieron en España en 1990 y desde entonces han blanqueado decenas de millones de euros. El lavado del dinero se hizo con la ayuda de empresas radicadas en la Península y Baleares y con el indispensable asesoramiento técnico de economistas y abogados españoles.

Según consta en los informes de la Fiscalía Anticorrupción y de las unidades de policía judicial del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, la organización criminal habría utilizado, al menos, entre doce y quince empresas radicadas en Baleares, Valencia y Málaga (la mayoría inmobiliarias y compañías inversoras de capital) para introducir el dinero ya lavado en el mercado legal español.

Todas las firmas investigadas son propiedad directa o indirecta del "capo" de la red, Gennadios Petrov -arrestado en Mallorca- cuyo grupo compró también centros comerciales y hoteles para colocar su dinero sucio. El dinero fruto del narcotráfico, extorsiones, prostitución, cohecho, contrabando o la prostitución era enviado a España directamente. Desde aquí, los técnicos de inversiones españoles, con despachos en Madrid, lavaban el dinero en paraísos fiscales, principalmente en Suiza, Chipre y Letonia. El dinero retornaba luego a España por vías indirectas y sociedades inversoras (aparentemente ajenas a la Tambovskaya) que lo colocaban limpio casi siempre en inversiones inmobiliarias en las islas o en el litoral peninsular.

Mientras tanto, el juez Baltasar Garzón, interrogó ayer en Palma de Mallorca y Málaga a los detenidos. Por la mañana, el magistrado, tras las declaraciones, ordenó prorrogar la detención de los arrestados en la isla, el presunto "capo" Gennadios Petrov, dos de sus colaboradores y la secretaria de la mafia, y su traslado inmediato a Madrid, donde el lunes decidirá si los envía a prisión. El juez de la Audiencia Nacional se trasladó por la tarde en un avión policial a Málaga para interrogar a los diez detenidos en distintas localidades de la Costa del Sol.

Garzón llegó a la Ciudad de la Justicia sobre las seis de tarde a bordo de un Audi de color negro, que accedió al edificio judicial por su parte trasera. En vehículos camuflados, dos horas antes, habían sido trasladados los imputados, entre ellos, Alexander Malyshev, capturado en Frigiliana, al que los investigadores sitúan en el segundo lugar del escalafón tras el "capo" Gennadios Petrov. Entre los arrestados, además de Malyshev y algunos de sus acólitos, todos rusos, se encuentra también un constructor de Frigiliana, cuya identidad no ha trascendido.

Baltasar Garzón, junto con un fiscal de la Fiscalía Anticorrupción desplazado desde Madrid, llevaron a cabo los interrogatorios por espacio de cuatro horas -inclusive media hora en que se hubieron de interrumpir por un apagón- en una sala de vistas con sistema de grabación que fue habilitada expresamente para la toma de declaraciones de los presuntos mafiosos entre fuertes medidas de seguridad. El fiscal les imputa asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsificación en documentos públicos y mercantil y delitos contra la Hacienda Pública.

Tras tomar declaración a tres de los detenidos, el juez dejó en libertad con cargos al empresario arrestado. Asimismo, prorrogó hasta hoy la detención de la esposa de uno de los rusos acusados y decretó prisión para una empleada del presunto capo afincada en Frigiliana. Los interrogatorios se retomarán en la mañana de hoy.