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La Junta de Andalucía cedió ayer a las pretensiones de empresarios y ayuntamientos y accedió a flexibilizar la aplicación del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), que había sido duramente contestado por constructores, municipios y el PP desde su aprobación en esta legislatura.

Ese fue el resultado más destacado de la reunión para impulsar el pacto por la vivienda que mantuvieron ayer el presidente de la Junta, Manuel Chaves, con el presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Francisco Toscano, y en la que participaron las consejeras de Obras Públicas y Gobernación, Concepción Gutiérrez y Evangelina Naranjo; y alcaldes de los cuatro partidos con representación en la Cámara.

En la reunión, Toscano trasladó a la Junta la necesidad de flexibilizar la aplicación del POTA para que pueda adaptarse a las diferentes necesidades urbanísticas que presentan realidades tan distintas como los grandes municipios y los pequeños pueblos.

La petición, similar a la expresada semanas atrás por la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), fue atendida por la Junta, que se comprometió con la FAMP a abordar una serie de problemas que han surgido en la aplicación del POTA, que ambas administraciones llevan estudiando desde hace meses y que tratarán de darles solución dentro del pacto por la vivienda.

Estos problemas se refieren, entre otras cuestiones, a la limitación que establece el POTA para el crecimiento de los municipios en un 30 por ciento de su población y en un 40 por ciento del suelo urbanizable. Estos parámetros, entiende el presidente de la FAMP, no se pueden aplicar indiscriminadamente a grandes y pequeños municipios, porque, al tener distintas necesidades esto puede producir el "encorsetamiento" de los pequeños. Para ello, ambas administraciones estudiarán medidas para flexibilizar la aplicación del POTA con el objetivo de darles respuesta.

Con todo, Toscano planteó que esas limitaciones al crecimiento se "modulen" de forma diferente para pueblos de menos de 2.000 habitantes, para menos de 5.000 y para menos de 10.000, con el objetivo que puedan ampliarse esos límites en los pequeños municipios y puedan incrementar su población. Una demanda que valoró la consejera de Obras Públicas, quien afirmó que la mayoría de pueblos andaluces con menos de 10.000 habitantes han crecido en suelo y habitantes por debajo de la media andaluza, lo que se traduce en que tienen equipamientos superiores a sus necesidades de población. En ese sentido, Gutiérrez recordó que solucionar los problemas para el desarrollo urbanístico de los pequeños municipios "no va en contra del POTA, sino todo lo contrario", ya que la pretensión de este plan es "equilibrar el territorio".

Toscano también reclamó a la Junta un mecanismo de adaptación "ágil y fácil" para que los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) puedan adecuarse a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y al POTA, a la que se han adaptado sólo el 7 por ciento de los municipios andaluces.

Para ello abogó por una adaptación parcial, ya prevista en el POTA, de los ayuntamientos a los planes de la LOUA, que aprobarían los municipios y donde "no haría falta aplicar los porcentajes de limitación de crecimiento del POTA", ya que se realizarían sobre el territorio y población existente. Las limitaciones sí deberían cumplirlas los consistorios en el caso modificaciones en los planes para promover crecimiento del municipio.

"Calvario burocrático"

La FAMP también pidió agilizar los trámites administrativos de la Junta para evitar el "calvario burocrático" que ralentiza el desarrollo urbanístico y que se excluya el suelo industrial de los límites de crecimiento de los municipios. Además, es partidaria de que junto a la promoción de viviendas de VPO se cree la figura de "vivienda tasada", para que puedan acceder a ella amplios sectores de población que no pueden optar a una vivienda libre.

Estas propuestas que se van a negociar con la Junta, afirmó Toscano, suponen "un respeto al POTA y a toda la normativa". Por su parte, Gutiérrez destacó el "alto grado de coincidencia" con estas iniciativas. Finalmente, el presidente de la FAMP confía en que el pacto por la vivienda marque "una nueva etapa en el urbanismo en Andalucía, que se caracterice por una mayor "confianza y colaboración" entre Junta y Ayuntamientos.