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Así, y según recoge la memoria de gestión de la Junta Arbitral Provincial de Consumo del año 2007, se tramitaron un total de 135 solicitudes de arbitraje, de las cuales ha habido 25 mediaciones y 38 laudos.

Desde la Junta Arbitral se tramita el procedimiento de Arbitraje de Consumo, que tiene como finalidad atender y resolver las quejas o reclamaciones de los consumidores y usuarios en relación a sus derechos legalmente reconocidos. Pueden ser sometidas a arbitraje reclamaciones relativas, por ejemplo, a servicios de tintorería, telefonía, academias, servicios de reparación de automóvil, compras efectuadas en comercios, vivienda, seguros, y todas aquellas operaciones que conforman un acto de consumo.

Para que pueda entrar en juego el arbitraje de consumo es preciso que haya una controversia entre un consumidor o usuario final y un empresario, comerciante o profesional. Por tanto, no podrán celebrarse arbitrajes respecto a conflictos o reclamaciones surgidas entre dos particulares. Las características del arbitraje de consumo son la gratuidad, la simplicidad, la rapidez, la voluntariedad y la obligatoriedad.

Ambas partes, reclamante y reclamado, están colocadas en la misma posición respecto de los derechos y obligaciones que les asisten en el arbitraje, pero el procedimiento sólo puede iniciarse a instancias del consumidor y nunca por el empresario, mientras que tampoco cabe que una empresa presente la reclamación contra otra empresa a través de este sistema. Ahora bien, esto no impide que en el procedimiento arbitral el empresario reclame al consumidor algún incumplimiento con respecto a la causa principal, sobre lo que los árbitros deberán resolver lo procedente.