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El Juzgado de Instrucción 17 de Sevilla ha citado a declarar como imputado a José Salas Bursón, presidente de la empresa Contsa, en suspensión de pagos, dentro de la tramitación de la denuncia de dos inversores por presuntos delitos de estafa y apropiación indebida. Fuentes judiciales declararon ayer que la comparecencia de Salas tendrá lugar en los próximos días, después de que la juez tome declaración el día 22 a los dos inversores que lo han denunciado por separado.

Este juzgado ha unificado las dos denuncias presentadas hasta ahora, una de ellas por estafa presentada por Manuel Jiménez Hurtado, que invirtió 36.000 euros y que se erigió en portavoz de la línea dura en una reunión de afectados celebrada el pasado día 12 en la Plaza de España de Sevilla. La otra denuncia es anterior y en virtud de ella el juzgado ya había citado para el próximo día 22 a la persona afectada para que ratifique su escrito, añadieron las fuentes.

Jiménez considera "una banda de estafadores" al grupo Contsa, y declara sentirse "estafado y engañado", ya que "cuando invertí en octubre me ocultaron los problemas que tenía el sector inmobiliario y me enteré después de que la empresa estaba mal".

Este inversor demanda como indemnización los 36.000 euros invertidos más los intereses devengados, ya que "ha pedido en repetidas ocasiones que la sociedad le devolviera la inversión efectuada, pues hacía varios meses que no cobraba los intereses pactados en el contrato".

Frente a estos procedimientos judiciales, la mayoría de los inversores presentes en una reunión hace varios días en la plaza de España de Sevilla decidieron dejar claro que no consideran esta situación una "estafa" y se mostraron contrarios a emplear la vía penal, por lo que incluso mantuvieron un enfrentamiento con Jiménez.

El Grupo Contsa anunció el pasado día 11 que ha solicitado al juzgado un concurso voluntario de acreedores, que atribuyó a la crisis que sufre el sector inmobiliario. Los afectados son unos 1.200 pequeños inversores que le confiaron entre 6.000 y 200.000 euros cada uno con la promesa de lograr una rentabilidad mínima garantizada.

La empresa ha convocado el próximo día 3 de marzo en un hotel de la capital hispalense a los inversores para explicarles la situación y ofrecer soluciones. Muchos de estos afectados, por su parte, han firmado poderes a favor de sus abogados para que acudan a dicha reunión en su nombre.

Algunos de dichos letrados han indicado que, al igual que los inversores que se concentraron en la Plaza de España, creen que la empresa posee patrimonio suficiente para hacer frente a las deudas. El propio Salas he reconocido recientemente que el 40 por ciento de las 1.200 personas físicas o jurídicas que le cedieron 25 millones de euros tienen al menos una acción de la compañía y, por lo tanto, son socios.