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Fuentes de la investigación municipal informaron de que se borraron más de 1.000 expedientes de la Unidad de Disciplina Urbanística relacionados, en su mayoría, con la parcelación de Torreblanca.

A partir de ahora, el caso destapado por ABC, que denunció el 13 de enero pasado que varios agentes se construyeron chalés ilegales en esta urbanización de la Sierra, toma unos derroteros inéditos e imprevisibles para lo que comenzó siendo una mera vulneración contra la norma urbanística. Lo verdaderamente llamativo fueron sus autores y la cadena de despropósitos y supuestos hechos delictivos que se produjeron a raíz de la investigación realizada por este periódico.

Los presuntos infractores son un escolta de la alcaldesa, Rosa Aguilar, y una pareja de municipales destinados a la unidad policial encargada de poner multas a quienes infringen la ley edificando sin licencia. En ambos casos, la Gerencia Municipal de Urbanismo, que preside Andrés Ocaña, no les abrió un expediente sancionador hasta mediados de enero, con posterioridad a la investigación periodística.

Ante la gravedad de los hechos, el Ayuntamiento ordenó abrir una investigación a finales de enero, encargada a la secretaria general, lo que precipitó la dimisión del jefe de la Policía Local, Antonio Serrano. Fue esta funcionaria quien, a través de sus indagaciones y basándose en testimonios de los implicados, sacó a la luz el 14 de abril que tres agentes -uno de ellos era propietario del chalé sin licencia y la pareja de la Línea Verde que patrullaba Torreblanca- habían modificado la fecha de las denuncias de la Policía Local y las actas de infracción. El boletín databa del 27 de diciembre y no del 26 de septiembre, como indicó inicialmente la alcaldesa a los periodistas basándose en unos informes que pudieron ser falseados y estaban plagados de tachaduras.

El voluminoso dossier, bajo custodia de la Secretaría municipal -al que no tienen acceso los concejales que no forman parte de la junta de gobierno local y la oposición- fue remitido el 15 de abril al Ministerio Fiscal. Esto no constituía en modo alguno un hecho discrecional, sino que es un imperativo legal para un funcionario cuando hay indicios de delito. Las sospechas de la instructora han sido avaladas por Martín-Caro, quien justo cuando se ha cumplido un mes desde que la Corporación le remitió el expediente, ha derivado el caso al juez decano para que un juzgado de instrucción tramite las diligencias previas oportunas.

El fiscal jefe propone que se investiguen hechos que, desde su punto de vista, tendrían una responsabilidad penal. Los supuestos delitos que enumera, según la nota de prensa remitida a esta redacción, son los siguientes: la falsificación de la firma de un particular en un acta de infracción urbanística -fuentes municipales especificaron que uno de los agentes promotores de la edificación ilegal utilizó a su madre para eludir la multa-; "la alteración de un registro oficial para dar por tramitados en una fecha que realmente no lo fueron, dos expedientes de infracción urbanística", y, por último, la eliminación informática de un acta de infracción y de numerosos expedientes de la Unidad de Disciplina Urbanística que tuvieron que ser recuperados a posteriori.

El fiscal no halla delito en otras actuaciones, como fue la construcción sin permiso de las viviendas por parte del matrimonio de la Línea Verde y del guardaespaldas de la regidora, porque "se trata de una zona que está clasificada como suelo urbanizable programado", argumenta.

Esto significa que las construcciones se podrán regularizar cuando concluya su desarrollo urbanístico, pero, al no haberse completado aún, de momento está prohibido poner un ladrillo en esta zona incluida dentro del Plan Especial de Protección de la Sierra.

Según expone la Fiscalía de Córdoba, tampoco puede desprenderse responsabilidad penal de "la demora en la tramitación de los expedientes administrativos relativos a la infracciones urbanísticas u obstaculización en la investigación". Este hecho fue motivo de un expediente disciplinario contra la agente que trató de desviar la atención sobre su construcción ilegal en la respuesta que el jefe de la Policía dio a la carta confidencial remitida por la Guardia Civil inquiriéndole sobre este asunto.

El intendente, a indicaciones del máximo responsable del Cuerpo, cometió el error de delegar la comprobación de los datos a uno de los dueños del chalé, quien en lugar de abstenerse de gestionar el asunto utilizó su condición de policía, con acceso a información reservada, para intentar eludir supuestamente la multa. El Ayuntamiento abrió expedientes disciplinarios a cuatro agentes y un intendente, quienes han sido temporalmente apartados de sus puestos.

El fiscal, que no implica en los hechos al jefe de la Policía, entiende que tales actuaciones son sólo "infracciones administrativas", por lo que no se puede sancionar a estos funcionarios conforme al Código Penal. Hace notar que esta norma tampoco estipula como delito que un empleado público "silencie infracciones".