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El abogado defensor de Juan Antonio Roca denuncia que parte del patrimonio intervenido al presunto cerebro de la trama de corrupción urbanística marbellí "había desaparecido, había sido malvendido o subastado". De esta forma el letrado José Aníbal Álvarez quiere subrayar el arraigo económico que tiene Roca en España, con "un patrimonio que tiene que defender" para minimizar el "elevado riesgo de fuga" que esgrimen el fiscal Anticorrupción, el Ayuntamiento de Marbella y la Junta de Andalucía para pedir a la Audiencia de Málaga que el ex gerente de urbanismo, actualmente en libertad bajo fianza de un millón de euros, vuelva a la cárcel por el "caso Malaya".

El abogado cifra en 24 millones de euros el "desfase o perjuicio económico causado a Roca por la anterior administración judicial", de los que "diez millones resultan de pagos hipotecarios que no fueron atendidos porque el administrador judicial no se personó en los procedimientos".

Álvarez explica que ha solicitado al juzgado que autorice una auditoría sobre la administración judicial que se hizo de los bienes para "cuantificar esos perjuicios que se han producido" y, aunque no quiere hacer un juicio de valor, dice que considera que el motivo es "la mala gestión". Asimismo, informó de que los propios administradores actuales "están realizando informes al respecto".

En la vista celebrada en la Audiencia Provincial todas las acusaciones han pedido que se revoque el auto del juez de Marbella Óscar Pérez y que se ordene el ingreso en prisión de Juan Antonio Roca ante el "elevado riesgo de fuga" y porque su situación judicial "se ha agravado".

El fiscal Anticorrupción, Juan Carlos López Caballero, insiste en que el incremento de la posibilidad de la imposición de penas importantes hace que aumente el riesgo de fuga. A ello se une, en opinión del fiscal, que todos los bienes de Roca han sido intervenidos, lo que hace que "el arraigo por motivos económicos desaparezca", ademas, con los indicios de que tiene patrimonio en el extranjero, "muy difícil de cuantificar", pero que en la investigación ha dejado rastro que lo sitúa en paraísos fiscales. "Parece razonable pensar que el enorme patrimonio que se le ha descubierto en España, bajo un entramado societario, debe tener también su correspondencia con patrimonio en el extranjero", afirma López Caballero.

En el mismo sentido se pronuncia el abogado de la Junta de Andalucía, quien dice que sustentar la libertad bajo fianza en el arraigo económico de Roca es "mantener el "statu quo" que ya no existe", al estar todo el patrimonio conocido intervenido.

Por su parte, el abogado que representa al Ayuntamiento de Marbella, Enrique Sánchez, asevera que últimamente han ocurrido hechos que agravan mucho más la situación de Roca. Así, precisa que el Juzgado de Instrucción número 1 marbellí ha dictado tres resoluciones por las se le imponen responsabilidades civiles que suman un total 43 millones de euros -una de ellas relativa a un convenio relacionado con las galerías comerciales del empresario Tomás Olivo- que se tienen que unir a los 1.000 millones que se solicitan por el "caso Malaya". Además explica que el mismo juez ha imputado al ex asesor de urbanismo por la concesión de una licencia de obras.

El defensor de Roca responde que tanto el fiscal como las acusaciones "se mueven en vaguedades y en hipótesis", al referirse a que posee dinero en el extranjero. "Si no está localizable en el extranjero es que no existe", puntualiza el letrado, quien añade que "Juan Antonio Roca, que carece de antecedentes penales, tiene derecho como cualquier ciudadano español a ser presumiblemente inocente".

En su opinión, el trato para todos los procesados del "caso Malaya" no ha sido igual, en referencia a la fianza de un millón de euros que la Audiencia de Málaga impuso a Pedro Román, "al que sí se le ha encontrado dinero en el extranjero".