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Victoria Muñoz -directora del Centro provincial de Valoración y Orientación- asegura que la regla es matemática: cada vez que comienza el plazo para apuntar a los niños en colegios y guarderías o arranca la campaña de renta, sus dependencias se convierten en un hervidero. ¿El objetivo? Intentar conseguir un grado de minusvalía para acceder a algunas de las múltiples ventajas sociales y fiscales de las que se beneficia el colectivo de discapacitados. Es lo que Muñoz denomina "certificados a la carta". "En cuanto sale una ayuda nueva, se abre una bolsa de trabajo o de vivienda protegida o toca matricular a los críos en un centro escolar las solicitudes se disparan. La gente, a la más mínima deficiencia, viene en masa a que le evaluemos. Siempre queda el por si acaso", detalla la responsable del Centro de Valoración.

Sus palabras tienen fiel reflejo en las estadísticas que maneja la delegación provincial de la Consejería de Asuntos Sociales, de la que depende el organismo encargado de dictaminar si un malagueño tiene la condición de minusválido. Según sus datos, durante 2007 se tramitaron 9.263 peticiones, un 25 por ciento más respecto al volumen registrado en 2006, cuando se gestionaron 1.800 expedientes menos.

Por su parte, el numero de certificados emitidos ascendió el pasado ejercicio a 15.374, frente a los 10.710 de 2006. De este total de determinaciones, 12.292 reconocieron minusvalías superiores al 33 por ciento. El resto, 3.082 -esto es, una de cada cinco- fueron desestimadas al no alcanzar el mínimo establecido del 33 por ciento.

El motivo de esta progresión, que va a más año tras año, hay que buscarlo en el continuo aumento de prestaciones dirigidas a las personas con minusvalía. El Gobierno, la Junta de Andalucía, la Diputación o el Ayuntamiento lanzan anualmente atractivas ventajas para este colectivo, lo que anima a miles de malagueños a demandar un proceso de valoración (en el que intervienen médicos, psicólogos y trabajadores sociales).

El listado de alicientes es considerable: desde pensiones no contributivas a becas, cupos reservados en oposiciones, reducciones de impuestos o descuentos en el IBI, en tarifas de transporte, telefonía o en la factura del agua. Pero sin duda, las tarjetas de aparcamiento sigue siendo las grandes estrellas de esta relación, tal y como destaca Victoria Muñoz: "Con el problema de estacionamiento que hay en Málaga, hay cantidad de gente que llega sólo para probar suertes con tal de conseguir la cartulina para aparcar en las plazas reservadas a discapacitados", relata.

Esta realidad ha transformado por completo el perfil de usuarios del Centro de Valoración. Al respecto, la responsable de estas dependencias explica que en cuestión de años se ha pasado del "minusválido clásico" -esto es, personas con problemas de audición, ciegas o con parálisis cerebral- que se dirigían a este organismo para cuestiones de orientación e información, al solicitante que acude buscando sacar provecho de determinados beneficios. "Ahora lo que tenemos es muchos mayores y enfermos crónicos con patologías como tensión alta o diabetes que quieren que se les reconozca su grado de discapacidad para optar a los derechos", agrega Muñoz.

Este creciente interés por las citadas ayudas mantiene desbordados a los profesionales del Centro de Valoración, quienes confirman que no dan abasto para atender la carga de trabajo. Tal es así que durante el pasado año, la Junta se vio obligada a asignarles seis equipos de refuerzo por las tardes para agilizar la atención.

Esa ayuda sirvió para descargar las listas de espera. Sin embargo, el continuo goteo de solicitudes ha hecho que a día de hoy la demora para conceder acreditaciones de minusvalías se sitúe de nuevo en los seis meses. "Ahora estamos valorando las peticiones de noviembre de 2007. La demanda se está incrementando a unos ritmos vertiginosos", asevera Muñoz. Y es que además de expedir las certificaciones, este centro se encarga de atender las revisiones periódicas, de ofrecer un servicio de orientación laboral así como de tramitar los expedientes para realizar ingresos en centros concertados.

Para que una persona obtenga el grado legal de minusválido debe tener una discapacidad mínima del 33 por ciento. No obstante, no todos los beneficios reservados para este colectivo parten de este porcentaje. Hay prestaciones que exigen un 65 por ciento o incluso un 75 por ciento en función del carácter de la ayuda que se trate.

Dicha valoración de la discapacidad se realiza mediante la aplicación de baremos impuestos por Real Decreto. Una calificación que también tiene en cuenta los factores sociales complementarios relativos al entorno familiar del solicitante, su situación laboral y profesional o niveles educativos y culturales.

Al respecto, las distintas organizaciones que representan a los colectivos de minusválidos físicos y psíquicos de la provincia critican "la rígida vara de medir" del Centro de Valoración. "La normativa que se sigue no siempre otorga a todas las personas el grado que verdaderamente le corresponde", sentencia Carmen Martín, gerente de la Agrupación Malagueña de Minusválidos Psíquicos.