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Un nuevo enfrentamiento político entre el Ayuntamiento de Cádiz y la Junta de Andalucía podría acabar en los tribunales. En esta ocasión, los responsables municipales están dispuestos a acudir a la vía judicial si la Consejería de Medio Ambiente no retoma en octubre los trabajos del aliviadero de aguas pluviales de Cortadura. Esta respuesta se ha producido horas después de que Gemma Araujo, la delegada de Medio Ambiente, anunciara la suspensión de las obras por la negativa del Ayuntamiento a concederles la licencia para que el trabajo se ejecutase durante el mes de julio. Además, la delegada aseguró que la conclusión de las obras no estaban aseguradas porque la draga encargada de hacer la tarea se había tenido que marchar ante la imposibilidad de cumplir el acuerdo con la Consejería.

El teniente de alcalde delegado de Urbanismo, Ignacio Romaní, calificó esta medida de "indignante" y puntualizó que el Ayuntamiento tomará acciones legales por incumplimiento del convenio si en octubre no se retoman las labores. "Lo de no poder hacer las obras en verano es sólo una excusa de la Delegación Provincial para justificar un trabajo que fue acordado con el Ayuntamiento a través de un convenio de 1994", puntualizó. Según este acuerdo, el Ayuntamiento tenía que ejecutar el 40 por ciento de las actuaciones, mientras que Obras Públicas se hacía cargo del 60 por ciento restante. Romaní aseguró que la parte que corresponde al Consistorio está lista desde 2001, "mientras que la Junta por entonces no había comenzado con sus trabajos", agregó.

El edil también explicó los motivos que les ha llevado a negar a la Junta el permiso para que las obras se ejecutasen durante el mes de julio. Al respecto, explicó que la realización de esta actuación en julio habría obligado a cortar una zona importante de la playa en plena temporada alta, con los daños económicos que esta situación podría acarrear a una ciudad con importantes ingresos en verano por la afluencia de turistas a las playas. Asimismo, también aseguró que se podría haber originado una mancha marrón en el agua que se podría haber trasladado a otras zonas del litoral, dependiendo de las corrientes marinos. En relación a los aspectos técnicos, Romaní añadió que los servicios de Policía, socorrismo y vigilancia y de limpieza tampoco estaban garantizados al cortarse la comunicación por la playa. "Por este motivo sería una irresponsabilidad política y técnica permitir esta obra en la temporada alta de la ciudad, cuando afortunadamente las playas están masificadas", agregó.

Por su parte, desde la Delegación Provincial de Medio Ambiente no quisieron responder a estas manifestaciones y esperarán hasta octubre para tomar una decisión.