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La incertidumbre tiene nombres y apellidos. Los damnificados por el saqueo de Marbella, también. Cientos de compradores de pisos, miles según algunas fuentes judiciales, están a la espera de que los tribunales resuelvan la situación de los inmuebles que adquirieron cuando sólo eran un sueño reflejado sobre plano y se han transformado en una pesadilla con vencimiento mensual.

No se trata de flamantes propietarios asustados solamente por la persistente escalada de los tipos de interés y el freno de los precios de la propiedad. Su principal motivo de preocupación es la situación legal de las viviendas, construidas con licencias que están siendo revisadas en los tribunales. Temen quedarse con inmuebles cuya situación administrativa abre la puerta a un futuro donde la incertidumbre es la única certeza.

El principal problema de estos pisos es la falta de licencia de primera ocupación y la situación de la licencia de obras con la que fueron construidos. Se trata de promociones que se levantaron al amparo de permisos de obra firmados en su día por Jesús Gil o sus sucesores y que violaban la norma urbanística. La mayor parte fueron impugnados ante los tribunales, pero la tardanza de los jueces en pronunciarse dio lugar a una situación de hechos consumados.Casi todas las promociones llegaron a terminarse, pero sin que su situación se regularizara.

Ahora, los compradores se niegan a escriturar, y piden en los tribunales la devolución de las cantidades entregadas a cuenta. Las promotoras exigen que se cumpla el contrato.

Las primeras sentencias que han comenzado a dictarse en los juzgados de Marbella no ayudan a despejar la incertidumbre. Todo lo contrario. Ante casos prácticamente idénticos, unas dan la razón a los compradores, y otras, a las promotoras.

Crisis política

El conflicto, que amenaza con enrarecer aún más la situación del alicaído mercado inmobiliario en la Costa del Sol, se desencadenó con la crisis política terminal que vivió el año pasado el Ayuntamiento de Marbella. Durante años, la ciudad alimentó un engranaje al margen de la ley que se movió con sus propias reglas. Mientras los gobiernos gilistas mantuvieron el poder municipal, el sistema corrupto preservó su apariencia y siguió funcionando. Pero el 29 de marzo del año pasado estalló la "operación Malaya" y todo saltó por los aires. La detención de políticos y empresarios dejó al descubierto una red de operaciones fraudulentas y complicidades que levantó la alerta entre los compradores. La onda expansiva todavía se siente en los tribunales de Marbella.

Fuentes consultadas por este periódico aseguran que existen en la ciudad más de 200 promociones en las que los compradores de pisos se niegan escriturar y han acudido a los tribunales para conseguir que se resuelvan los contratos. Los casos sobre los que los jueces tendrán que pronunciarse son cientos, aunque algunas fuentes consultadas no dudan en asegurar que pueden contarse por miles.

Hasta que el escándalo de Marbella tomó estado público, prácticamente no había demandas de nuevos propietarios en los tribunales. Pero el caso alertó a los compradores, que comenzaron a interesarse por la situación legal de sus pisos. Y ahí vieron que podían convertirse en las víctimas últimas de la gigantesca trama de corrupción.

La llegada de la gestora al poder municipal y el retorno a las prácticas de legalidad en el Ayuntamiento tuvieron consecuencias. Las licencias ilegales comenzaron a ser revisadas, se rechazaron explícitamente licencias de primera ocupación de edificios construidos fuera de ordenación y el Ayuntamiento se retiró de los procedimientos judiciales en los que se encontraba inmerso defendiendo lo indefendible. El sistema montado durante años colapsó de un día para otro.

A ello se sumó la situación de un mercado inmobiliario que había tocado techo tras años de crecimiento constante, sobre todo en Marbella, y la perspectiva de que la inversión realizada dos o tres años atrás no ofreciera al final el mismo color que aparentaba al principio. En muchos casos la situación legal de los pisos dio argumentos para intentar echar atrás la operación.

Además, la mayoría de las entidades bancarias comenzaron a negarse a conceder créditos hipotecarios sobre las viviendas cuya situación ilegal era incierta, lo que en muchos casos obligaba a los propietarios a subrogarse las hipotecas contraídas por las promotoras. Con esta situación, los compradores comenzaron a presentar demandas, pero la aparición de las primeras sentencias, contradictorias unas con otras, no ha contribuido a aclarar el panorama.

Abogados consultados por este periódico advierten de que estas contradicciones y la falta de un criterio único constituyen una grave amenaza contra la seguridad jurídica. Hay coincidencia en señalar que la actual situación es un claro fallo del sistema, abonado principalmente por la falta de controles durante muchos años y el retraso de los juzgados en resolver las impugnaciones de licencias presentadas en su día. Y advierten de que las consecuencias sobre el mercado inmobiliario pueden ser nefastas.