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La última iniciativa urgente del Gobierno, que financiará con más de 180 millones de euros la construcción de una tubería de 60 kilómetros que permita conectar el trasvase de agua del Ebro con Barcelona para paliar la sequía que sufre la ciudad condal y su área metropolitana, contrasta con la lenta y tortuosa tramitación que ha tenido en la última década la construcción del pantano de Melonares. Cuatro gobiernos han tramitado esta obra que se prometió como la garantía de abastecimiento de agua potable para Sevilla frente a sequías y aun así la obra no está completada. Terminada la construcción de la presa, el Gobierno estatal sigue sin adjudicar la colocación de las conducciones que aseguren algún día que el agua que ya se almacena en el pantano llega a los grifos de la capital andaluza.

Tal es la historia de retrasos y controversias políticas del pantano de Melonares que podría darse la paradoja de que su puesta en servicio, tras las actuales medidas de prueba de la obra, no sea posible por el retraso en la ejecución de las conducciones, cuya financiación negociaron los gobiernos local, autonómico y nacional durante años.

La comparativa con los datos del trasvase a Barcelona son elocuentes. El Gobierno ha tenido seis años para licitar las conducciones de Melonares. Después de tres años de desacuerdo, en 2005 se alcanzó un pacto político que no se plasmó hasta 2007, cuando se determinó que la Confederación Hidrográfica redactaría el proyecto en coordinación con la Junta de Andalucía. La tramitación se dividió en dos a efectos de financiación. La Confederación asumía el 40por ciento del coste total de las conducciones, 48 millones de euros, y el resto lo aportaría la Junta de Andalucía.

El proyecto original preveía nuevas conducciones directas desde la presa hasta Sevilla, con un presupuesto de 130 millones de euros. La llegada al Gobierno del ejecutivo de Zapatero ya supuso una revisión del mismo para utilizar como alternativa el canal del Viar. se reducía la inversión, pero la medida fue contestada por los agricultores y se dudaba de que fuera el medio más seguro para el traslado de agua con destino a consumo humano. Con esta modificación se redactó el proyecto y se sacó a información pública. Según fuentes de la Confederación, está sólo a la espera de que el Ministerio de Medio Ambiente lo tramite para iniciar el proceso de adjudicación de las obras. Si la tramitación fuera exquisita en rapidez, las obras podrían comenzar a finales de año y concluirían en otoño de 2009 o principios de 2010.

En Barcelona , el coste mínimo de las conducciones se estima en 180 millones de euros. Se construirá una tubería de 60 kilómetros de longitud, que discurrirá por la zona de servidumbre de la autopista AP- 7 entre Tarragona y Abrera (único tramo no existente ahora para unir la toma del Ebro desde Tortosa a Barcelona). A la espera de que el Consejo de Ministros concrete la actuación el viernes, la ministra Espinosa ya avanzó el martes que la obra tendrá una duración de seis meses y asegurará la aportación de 50 hectómetros cúbicos de agua al año para abastecimiento al área metropolitana de Barcelona. La obra urgente —con un coste cuatro veces superior a las conducciones de Melonares— no es, sin embargo, una instalación de suministro permanente sino que se trata de una construcción que servirá para paliar un problema puntual, hasta que en mayo de 2009, previsiblemente, funcione la desaladora del Prat con la que el Gobierno catalán considera se solucionarán los problemas de suministro de agua a los 5,5 millones de habitantes del área de Barcelona. Las conducciones se soterrarán y quedarán operativas por si es necesario utilizarlas en el futuro como toma de emergencia.

Mientras los políticos se empeñan en lanzar el mensaje de que el debate del agua no debe politizarse, sus actuaciones trasladan a los ciudadanos todo lo contrario. Sin entrar siquiera en los apoyos de la Generalitat al Gobierno de Zapatero, ni a los cambios revanchistas de las políticas de agua de los gobiernos en función de su color político, sólo el relato de lo sucedido en la tramitación del proyecto de Melonares pone de manifiesto cómo puede complicarse una obra necesaria por problemas políticos. Baste un dato, los alcaldes Soledad Becerril y Sánchez Monteseirín tuvieron en sus compañeros de partido en responsabilidades de Gobierno en España y Andalucía singulares escollos para iniciar el proceso de construcción de la presa sevillana —en el primer caso— y acelerar la financiación y construcción de las conducciones. Desde Sevilla se reivindicaba al Gobierno una solución definitiva que alejara el fantasma de la sequía que en los noventa incluso propició la redacción de un plan de evacuación por las secuelas catastróficas que en un futuro pudiera conllevar la falta de agua.

La ciudad ha sufrido varios ciclos de sequía en los últimos treinta años. concretamente en los periodos de 1974-76, 81, 83, 92 y 95. De estas fechas recordamos las restricciones al consumo, tomas de emergencia de agua del río y una cultura de ahorro y prevención de perdidas de agua. Pero era necesaria una solución definitiva que garantizara el suministro de agua potable de calidad a Sevilla en futuras épocas de sequía. La solución fue Melonares. El pantano que se reivindicaba en los años ochenta ya está construido. Fue inaugurado . Faltan sus conducciones.