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Entidades ciudadanas como Arquitectura y Compromiso Social (ACS), A Contramano y Ecologistas en Acción han anunciado que presentarán antes del próximo 21 de mayo alegaciones contra la ampliación del tranvía, cuyo proyecto está tramitando actualmente el Ayuntamiento de Sevilla. Estas organizaciones amenazan con recurrir a los tribunales si no se atienden sus alegaciones y se paraliza el proyecto ya que entienden que la tramitación administrativa del mismo se está realizando sin la debida cobertura legal, al carecer del Plan Especial previo al que obliga el nuevo PGOU.

En un comunicado difundido ayer, las organizaciones ecologistas recuerdan que el PGOU que está actualmente en vigor establece en su ordenación estructural una red de transporte público que prevé un determinado trazado para la red tranviaria, circunscrita básicamente al Casco Antiguo. Y también establece que la ordenación pormenorizada de los recorridos, sistemas técnicos y gestión del tranvía deben ser fijados mediante un Plan Especial específico, por elaborarse en el primer año de vigencia del PGOU.

"Defectos y lagunas"

A pesar de estas premisas el Ayuntamiento ha redactado directamente el proyecto constructivo, que prolonga la actual línea desde el Prado hasta Santa Justa, ignorando así la ordenación de trazados recogida por el PGOU y ese preceptivo Plan Especial previo, aún no elaborado a pesar de haberse superado ampliamente el plazo fijado.

Las asociaciones consideran además que la ampliación del Metrocentro presenta "defectos y lagunas de consideración". Y destacan entre otras la carencia de un análisis de trazados alternativos. Al tiempo dudan de la categoría del Estudio de Impacto Ambiental que se adjunta al documento elaborado del Ayuntamiento y denuncian que el proyecto exige la tala de unos 230 árboles.

No son las únicas alegaciones al proyecto, ya que se muestran en contra igualmente de la remodelación que propiciará la obra en el viario público pues, a juicio de los ecologistas, incrementará en algunos tramos la capacidad de tráfico rodado de algunas avenidas reduciendo o dificultando los recorridos peatonales y de carril bici. También echan en falta estas organizaciones un estudio financiero "mucho más prolijo y afinado" que el que se incluye en el proyecto actualmente en exposición pública donde el aspecto económico "se despacha en una única página".