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La Policía autonómica se ha puesto manos a la obra para intentar aclarar si hay fraude en las peticiones de algunos padres para que sus hijos obtengan el siguiente curso la plaza escolar que desean. La investigación, que ya está en marcha, persigue detectar si determinados padres que quieren matricular a sus hijos en el instituto Soto de Rojas han presentado en sus solicitudes direcciones familiares en la que en realidad no viven, con el objetivo de conseguir más puntos y de ese modo colocarse en mejor posición para alcanzar la deseada plaza.

El conflicto en este centro educativo arrancó tiempo atrás. Al comprobar las listas provisionales de admitidos en el actual proceso de escolarización para el curso 2008/2009, las familias que por ahora se han quedado sin plaza mostraron sus quejas al entender que otras que sí han logrado el puesto han incurrido en al menos dos tipos de irregularidades: de un lado, se han censado en domicilios de familiares que viven en las proximidades de este centro educativo, aunque en realidad presuntamente sus lugares de residencia no son esos, sino que en algunos casos están en pueblos del Área Metropolitana de Granada.

La otra presunta anomalía es la de haber hecho constar ingresos económicos muy inferiores a los verdaderos. Tanto el nivel salarial como el domicilio familiar son conceptos importantes a la hora de conseguir más o menos puntos en dicho proceso de escolarización.

En vista de estas presuntas situaciones fraudulentas, un grupo de padres denunció los hechos ante la delegación de la Consejería de Educación en Granada. En una primera instancia, la delegación confirmó que las listas provisionales eran correctas. El anterior delegado de Educación, Antonio Lara, solicitó a los denunciantes que formulasen su denuncia aportando nombres y apellidos de las personas que presuntamente podían haber incurrido en irregularidades. Así lo hicieron los padres, quienes además obtuvieron de Lara el compromiso de que se investigaría a fondo el asunto, incluyendo el cruce de datos con el Ministerio de Hacienda para comprobar si los ingresos declarados coinciden con los que obran en poder del fisco.

Al margen de estos compromisos, los denunciantes presentaron el pasado día 3 de junio un recurso de alzada contra las listas provisionales de admitidos. El caso es que la Delegación de Educación ha puesto este asunto en manos de la Policía adscrita a la Junta de Andalucía, la llamada Policía autonómica, para investigar sobre las supuestas irregularidades en el proceso de matriculación.

Según pudo saber este periódico, son unos 120 padres los que se "disputan" las plazas disponibles en el Soto de Rojas. La Policía autonómica no sólo está haciendo pesquisas con las familias que presuntamente han incurrido en situaciones irregulares, sino con todo este grupo de 120. Los testimonios aportados a este diario indican que una pareja de agentes de la Policía autonómica está indagando, una por una, todas las casas en cuestión. Los miembros de esta unidad policial no se limitan a llegar al domicilio y preguntar si en efecto vive la persona investigada, sino que mantiene largas entrevistas con los residentes, que se prolongan por espacio superior a los veinte minutos, y en las que se sacan a colación todos los interrogantes que penden sobre este asunto. Según estos testimonios, la Policía ya ha detectado algunas situaciones irregulares, aunque no trascenderán hasta que la investigación no esté concluida.

Los padres que denunciaron los hechos mostraron ayer su satisfacción por la nueva línea de indagaciones puesta en marcha, pues los resultados provisionales, según dijeron, vienen a corroborar que había anomalías. Las solicitudes de entrada al Soto de Rojas son este año unas 120 en total. Se trata de chavales que provienen de la enseñanza primaria y que el próximo curso iniciarán la secundaria, motivo por el que deben cambiar de centro.

De estas 120 peticiones, unas 105 provienen de los tres centros de primaria que están más próximos al instituto Soto de Rojas: el García Lorca, el Sierra Nevada y el Abencerrajes. Los demás casos proceden de otros puntos de la ciudad o de la provincia.

Aunque piensan que esta investigación de la Policía autonómica llega algo tarde, los padres denunciantes están satisfechos con que Educación haya tomado cartas en el asunto y no se haya limitado a dar por buenos los certificados de empadronamiento que habían sido presentados. Nunca es tarde si la dicha es buena, vienen a decir.