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El delegado de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla, Francisco Manuel Silva (IU), ha hecho caso omiso de los informes y consejos técnicos de la obra del polideportivo de La Paz desde el mismo inicio de los trabajos, a finales de 2006, imponiendo desde el Instituto Municipal de Deportes (IMD) su decisión de mantener el proyecto inicial sobre los requerimientos de los expertos, quienes han estado advirtiendo de las desviaciones y los errores incluso antes de que empezaran a trabajar las máquinas. En contra de sus afirmaciones de ayer, la voluntad del concejal, decidido a mantener su idea inicial en un asunto tan delicado para su partido como las infraestructuras en esa zona degradada de la ciudad, ha supeditado la obra en todo momento, ya que ésta ha ido avanzando hasta el 60 por ciento actual de grado de ejecución a pesar de que los parámetros originales son imposibles de mantener. Y es así, principalmente, por la falta de un elemento básico, la tristemente famosa cubierta perdida de la Copa Davis 2004, que pretendía reutilizarse como techo de este pabellón.

El proyecto original no se modificó cuando el propio IMD ya tenía informes en 2006 -uno de ellos de la propia fabricante, Lanik- que informaban de la imposibilidad de reutilizar el porcentaje de la estructura espacial de la Davis que se había conservado, tal y como este periódico avanzó en su día. Silva mantuvo, pese a todo, el discurso de que se conservaba gran parte de la cubierta y "en buen estado" y que se estaban "ensamblando los tubos para ser usados como techo del pabellón". Falso. El Ayuntamiento, de hecho, tuvo que comprar a la misma fabricante otra cubierta nueva por unos 150.000 euros, ya colocada. Con todo, el proyecto inicial se mantuvo, dándole el IMD carta libre a la constructora, Seinsa 2000. Ésta aceptó las condiciones y empezó a construir, aunque con mediciones y elementos no contemplados en el boceto inicial. Lógico pero... irregular.

El 28 de noviembre de 2006, los arquitectos municipales Domingo Guijarro y Jorge Parejo redactaron ya un informe contrario al proyecto por el desfase económico que implicaba dada la falta de elementos y la necesidad de replantear diversos aspectos. Lejos de acatar la decisión técnica, Silva cesó a esa dirección de obra y buscó a otro arquitecto, Antonio del Cerro, quien sí rubricó un informe -con la misma fecha que el primero- que daba vía libre a que continuaran los trabajos. La política, por encima de todo. Hasta Seinsa 2000, no obstante, recalcó entonces que los restos de la cubierta de la Davis no eran reutilizables, por lo que era "necesario el suministro de otra nueva".

Una vez comenzaron las obras, los informes de los técnicos advirtiendo del desfase presupuestario y de un importante sobrecoste han sido múltiples (diciembre de 2006, enero de 2007, julio de 2007...), pero ninguno de ellos provocó que el IMD planteara un modificado del proyecto ni lo enviara a la gerencia de Urbanismo -aún no lo ha hecho-. El verano pasado, los documentos rubricados por la dirección de obra ya señalaban que "la facturación supera con creces la prevista de proyecto en más de un 37 por ciento". Cuando llegó el otoño, el desfase global era ya de un 93 por ciento por encima del precio previsto en el proyecto de ejecución, de 1,3 millones de euros.

Incluso un informe técnico de septiembre de 2007 indica que "la obra realmente ejecutada relativa al suministro e instalación de la cubierta espacial no responde plenamente a los requisitos legalmente establecidos". Ese mismo informe repasa multitud de errores del proyecto base (mediciones, movimiento de tierras, cerramiento, mallas, hormigonado...). Todo estaba en conocimiento de Silva, que no hizo nada.

Tanto es así que tras el contundente informe del secretario general y la asesoría jurídica municipales del pasado otoño aconsejando la suspensión de la obra por el desvío presupuestario, el delegado manifestó públicamente que ese documento "es sólo un consejo", reiterando su postura favorable a la continuación de la obra en los mismos términos.

La propia dirección de obra ha terminado admitiendo que los trabajos deben suspenderse por ley hasta que se tramite un modificado. Así, el IMD decidió hace unos días resolver el contrato y sacar a concurso lo que queda por hacer de la obra, al no poder mantenerse por más tiempo el proyecto inicial.