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Con 100 millones de euros de deuda y 1.200 acreedores identificados (la mayoría andaluces), el Caso Contsa habría superado ya a Gescartera en número de afectados y cuantía reclamada. A pesar de ello, el escándalo que ha envuelto a la empresa sevillana Contsa Corporación Empresarial, presidida por José Salas Burzón, no ha tenido tanta trascendencia a nivel nacional como el "agujero" de 87 millones de euros detectado en 2001 en la agencia de valores de Antonio Camacho.

Los administradores judiciales de Contsa Corporación Empresarial ultiman estos días el informe que entregarán en julio a la titular del Juzgado Mercantil de Sevilla, María Teresa Vázquez Pizarro. El informe de la administración concursal se presume denso, ya que los tomos de la masa pasiva superan la veintena.

El informe sobre el estado de la compañía evidenciará que la deuda de Contsa alcanza ya los cien millones de euros (16.630 millones de las antiguas pesetas) y los 1.200 acreedores, el doble de lo anunciado ante el Juzgado Mercantil por José Salas Burzón. Por su parte, la sentencia del Caso Gescartera, dictada en marzo 2008, cifró en 87,9 millones de euros el agujero de Gescatera.

Al igual que ocurre en Contsa, los afectados de Gescartera fueron varios miles, aunque finalmente sólo acudieron al juzgado a reclamar las cantidades adeudadas 655 perjudicados, que son los que finalmente cobrarán las indemnizaciones. En el Caso Contsa, algunas fuentes cifran en 2.300 los clientes afectados, si bien sólo habrían acudido al Juzgado Mercantil 1.200, entre otras razones porque muchos inversionistas no declararon a Hacienda las cantidades invertidas ni las rentabilidades obtenidas.

Entre los inversionistas que depositaron dinero en Contsa a cambio de rentabilidades de hasta el 40 por ciento figuran cientos de pequeños inversionistas andaluces, así como nueve bancos y dos inmobiliarias: BBVA, Banco Español de Crédito, Banco Caixa, ICO, Cajasur, Cajasol, Banco Santander, Banco Español de Crédito, Banco Espíritu Santo, Banco de Andalucía, Metrovacesa e Inmobiliaria del Sur. En Gescartera, los afectados identificados tendrán derecho a cobrar indemnizaciones que van desde los 17 euros a los 9 millones de euros.En Contsa, hay un acreedor que ha reclamado en el Juzgado Mercantil seis millones.

En Gescatera, el asunto llegó a la Audiencia Nacional, que dictó una sentencia que condenó a ocho de los implicados en los hechos a penas que sumaban 52 años de prisión por delitos de apropiación indebida y falsedad en documento mercantil.

El Caso Contsa está en los juzgados de Instrucción y Mercantil. De un lado, está declarado el concurso de acreedores "necesario", en el que la jueza de lo Mercantil ha embargado los bienes personales de José Salas Burzón, presidente de Contsa, para hacer frente a las deudas que reclaman los inversionistas, toda vez que la empresa sólo acreditó la propiedad de 63 inmuebles, la mayoría con cargas hipotecarias.

De otro lado, cuatro inversionistas de Contsa han presentado denuncia penal contra la compañía y José Salas Burzón por los presuntos delitos de estafa, alzamiento de bienes, apropiación indebida y falsedad documental. Por segunda vez, el Juzgado de Instrucción número 17 de Sevilla ha citado a declarar el próximo 3 de julio a José Salas Burzón en calidad de imputado a raíz de la cuarta denuncia interpuesta por Rubén M. B, quien reveló la venta de bienes de Contsa cuando ya se había solicitado el concurso de acreedores.

En cuanto a la actuación de instituciones públicas, Gescartera estaba controlada por la CNMV y el propio Antonio Camacho aseguró que ese organismo estaba al tanto de las operaciones de la agencia. En el Caso Contsa, la compañía no está controlada por el Banco de España, aunque sí una de sus empresas, Cartuja Financiera Andaluza, una entidad financiera de crédito (E. F. C.). Uno de los inversionistas de Contsa ha pedido al Banco de España que abra un expediente informativo a Cartuja Financiera Andaluza para delimitar su relación con Contsa y sus empresas.