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La resolución del Tribunal Constitucional (TC) que suspende el cierre de las canteras de Alhaurín de la Torre ha suscitado reacciones encontradas por parte de todas las partes implicadas. Así, mientras las empresas extractivas mostraron su satisfacción por el fallo judicial, el Ayuntamiento aseguró ayer que esta nueva decisión judicial no afectará al plan especial de restauración que ya está en marcha y que tiene «plena vigencia». «No queremos volver al pasado; sólo pienso en el presente, que es reforestar la sierra, y en el futuro, que es tenerla recuperada en siete años», declaró el alcalde, Joaquín Villanova. Sin embargo, cabe recordar que el citado plan de restauración fue directamente fruto de las negociaciones entre los empresarios y las administraciones después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ratificara una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 4 de Málaga que obligaba a cerrar cuatro canteras por carecer de licencia. Ahora, el TC ha suspendido esta sentencia, atendiendo a un recurso de amparo presentado por Sando, que ayer fue precisamente la única empresa afectada que no se pronunció. Las demás expresaron su satisfacción por la decisión del TC, aunque se mostraron prudentes y no aclararon en qué afectará esta medida a su actividad. «Hasta que nuestros abogados analicen bien el asunto no vamos a cambiar nada», manifestó Germán Carrasco, el responsable de Compañía General de Canteras, la mayor de las empresas extractivas y que ahora está inmersa en el proceso de restauración. Posible continuidad Carrasco indicó que, según sus informaciones, la suspensión de la sentencia decretada por el Constitucional es de carácter cautelar, por lo que aún habrá que esperar a que haya un pronunciamiento definitivo. Más explícito se mostraron los responsables de Pinos de Alhaurín, la otra cantera que se encuentra en restauración. Uno de ellos, Pedro Caballero, afirmó que se seguirá adelante con el plan especial de reforestación, pero aclaró que, al quedar sin efecto la sentencia del TSJA, la empresa podría recuperar sus permisos mineros y proseguir con su actividad más allá del plazo del citado plan (entre 7 y 10 años). «Esta decisión le puede dar más continuidad a las canteras de Alhaurín», dijo Caballero. Sin embargo, en el Ayuntamiento entienden que la suspensión es sólo aplicable a Sando, que es la que presentó el recurso de amparo. Además, el regidor subrayó que se trata de una medida provisional. «Quizá la sentencia final sea la anulación de la misma o tal vez no, pero de momento sólo hay esa suspensión cautelar que afecta exclusivamente a una cantera», explicó Villanova. Por su parte, tanto IU como la Plataforma en Defensa de la Salud y la Sierra (que impulsaron el contencioso que derivó en la orden judicial de cierre), expresaron su malestar con la decisión del Tribunal Constitucional, pero recordaron que su auto «no supone la anulación de la sentencia».