Noticias Ya.com

La Asociación para la Defensa del Patrimonio, Adepa, recibió ayer con euforia el auto del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por el que se suspenden cautelarmente hasta 14 artículos del nuevo PGOU que entran en contradicción con la norma de protección del patrimonio histórico.

En resumidas cuentas, el Tribunal considera que el PGOU no puede modificar normas establecidas en los Planes Especiales de Protección del Casco Histórico, al igual que no puede marcar las pautas en áreas en las que está pendiente el desarrollo de esos planes. Otro de los apartados suspendidos es el que se refiere al artículo 10.2.10 apartado 1 del nuevo Plan cuando afirma que «el espacio público del Conjunto Histórico deberá modernizarse, ya que se considera que el término modernizar entendido como creación nueva o reciente es contradictorio con la conservación del conjunto, protegido por una declaración con rango de ley cuyo preámbulo defiende expresamente el respeto absoluto al paisaje urbano de esta zona de la ciudad.

Para Adepa, esta suspensión del articulado obliga a paralizar proyectos amparados por el PGOU que en su día denunciaron como agresivos al patrimonio del conjunto histórico, especialmente la reurbanización de la Encarnación, la peatonalización de la Piel Sensible, la Alameda, determinados proyectos particulares en el barrio de Triana o la intervención en el convento de San Laureano, entre otros.

Para Joaquín Egea, presidente de Adepa, el Ayuntamiento está obligado ahora a paralizar estos proyectos por mandato judicial, ya que de lo contrario estaría incurriendo en un delito de prevaricación, que la asociación llevará de nuevo a los tribunales «uno a uno», si el Ayuntamiento no da marcha atrás.

Egea destaca que este auto judicial pone en evidencia la inhibición de la Comisión Provincial de Patrimonio, dependiente de la Consejería de Cultura, frente a los atentados contra el paisaje urbano, cambios de alineación e incrementos de edificabilidad que en contra de la norma se han permitido hasta ahora o ampara el nuevo Plan de Sevilla.

Con respecto al auto del TSJA, el delegado de Urbanismo, Emilio Carrillo, aseguró que no peligra la concesión de licencias en las zonas del casco histórico en las que no imperan los planes específicos de protección, descartando además la «paralización» de proyectos ya impulsados por la Administración local u otras entidades.

No obstante, fue cauto al advertir de que se trata de una consideración de su gabinete «técnico» y no una visión «política» del contenido del auto. Carrillo no se posicionó sobre los efectos que podría traer un pronunciamiento definitivo del Tribunal en la misma línea que apuntan los fundamentos de derecho del auto judicial que ha propiciado la suspensión cautelar de parte del articulado del PGOU.

Con todo, el delegado anunció que el Ayuntamiento de Sevilla recurrirá el auto -tiene menos de cinco días para ello- si bien esta posibilidad puede que no sea jurídicamente posible ya que la Gerencia de Urbanismo no presentó alegaciones cuando Adepa planteó su recurso al PGOU, defendido por la letrada Silvia Muñoz Varela. Sí lo hizo en tiempo y forma la Consejería de Obras Públicas, que ahora podrá alegar a la suspensión cautelar.