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La necesidad de unos lleva al enriquecimiento de otros. Es injusto pero real. La importante población inmigrante que reside en Almería no lo tiene, a menudo, fácil para conseguir quedarse en el país con contrato de trabajo y los permisos pertinentes.

Su visado caduca, su permiso de estancia como turista termina... y empiezan sus problemas y las acciones ilegales de otros. En España existen 14 unidades contra redes de inmigración ilegal y falsedad documental (UCRIF) dependientes de la Policía Nacional y una de ellas está en Almería. Son los agentes que la integran los que se encargan de velar por los derechos de los extranjeros y por tratar de descubrir aquellos casos en los que están siendo víctimas de estafa por parte de empresarios o gestores, entre otros.

No es una labor fácil, apuntan fuentes de la unidad consultadas por IDEAL, porque los inmigrantes no tienen interiorizado que se está abusando de ellos sino que su objetivo es, sea como sea, arreglar su vida. No obstante, entre los pocos casos que han entrado por su propio pie en la Comisaría para dar a conocer su historia, destacan los de los subsaharianos que sí se han animado más que los marroquíes a descubrir tramas. Ellos, como otros, pagaron por un permiso que nunca llegó a sus manos.

Las fórmulas son variadas pero predomina la que pasa por acudir a gestorías que están dando mala fama a sus compañeros de profesión honrados y pedir ayuda. Sólo por llevar la tramitación a Extranjería suelen cobrar 1.000 euros, mientras que por conseguir un contrato de trabajo pueden pedir 2.500 euros.

En ocasiones, esos gestores cuentan con intermediarios –personas de la misma nacionalidad que los estafados– con acceso a una bolsa de posibles ‘clientes’. Saben que en estos momentos no hay proceso de regularización extraordinario y que deben de tratar de acogerse a los supuestos de arraigo para quedarse.

Eso implica, para empezar, demostrar una residencia de al menos dos años en nuestro país. ¿Cómo puedes explicar al Gobierno que se resides en Almería desde hace tres años, por ejemplo, si llevas seis meses en realidad? Todo vale. Se comienzan a falsificar recetas, por ejemplo, de farmacias o tarjetas sanitarias, además de empadronamientos. Pero eso no lo hacen estos profesionales, por norma general, sino otras ‘redes’ que se concentran, fundamentalmente, en los numerosos locutorios de la provincia.

Una vez que el inmigrante tiene estos justificantes en las manos necesita lo fundamental: Un contrato de trabajo. Una gestoría, en principio, comete una infracción administrativa si trata de localizar a un empresario necesitado de un trabajador porque esa función corresponde al Servicio Andaluz de Empleo. Pero el delito llega cuando, además, el trabajador paga por ese contrato. La osadía es tal que se han detectado muchas actuaciones en las que, por ejemplo, una empresa ha solicitado un elevado número de empleados y al ser inspeccionada se ha descubierto que la compañía donde se desarrollaba la actividad era, simplemente, un piso vacío. Otras veces ha saltado la liebre al ver que con un capital social mínimo en su constitución no se dejan de solicitar empleados.

Lo que ocurre es que es complicado demostrar la actuación delictiva de gestorías, por ejemplo, cuando no hay denuncias ni ratificaciones de los hechos sucedidos por parte de los extranjeros de los que se aprovecharon. Una excepción, en ese sentido, ha sido una de las últimas operaciones realizadas por la UCRIF en la que se logró hacer caer una red que estafó 500.000 euros a extranjeros con la promesa eterna de ‘papeles’. Se contó con la colaboración de las víctimas, a las que siempre se indica que no les va a pasar nada a nivel judicial y se les informa de sus derechos, y se logró detener en principio a cuatro presuntos estafadores. Esa red en concreto cobraba entre 5.000 y 9.000 euros por la tramitación de la documentación y la primera fase de la investigación, que sigue abierta, se prolongó desde el mes de abril hasta octubre.

Pero la sombra de la duda no sólo se posa sobre determinados mal llamados gestores y empresarios sino también sobre algún que otro letrado de Almería. No ha habido pruebas contundentes hasta ahora pero las sospechas concretas hacia uno de ello son día tras día más fuertes. Las fuentes consultadas apuntan que ha podido ganar entre 40 y 50 millones de las desfasadas pesetas en los últimos años por ‘conseguir’ una residencia o un permiso de trabajo legal a cientos de interesados. Está en la calle, pese a los esfuerzos policiales, por –una vez más– carencia de denuncias. Los afectados, comentan, suelen ser coaccionados por parte de los estafadores, que les meten el miedo en el cuerpo con posibles expulsiones o castigos.

La actividad desenfrenada de estos ‘visionarios’ del negocio ilegal comenzó con la última regularización del Gobierno socialista y cada vez se tratan de especializar más aunque con dudosos resultados. "La documentación se mira mucho y los permisos no se suelen dar porque se ve, en ocasiones claramente, que los documentos están falsificados", sentencian desde el Cuerpo Nacional de Policía. Los deseos no se cumplen y la frustración por el pago del dinero es entonces mayor que nunca. Pero puede quedar la satisfacción de la justicia, eso sí, cuando se logra llegar hasta el final.